Por Juan Ramón Martínez
La idea de crear el Consejo Nacional Anticorrupción, fue oportuna. Con ello, se involucra a la sociedad civil, por medio de la representación de algunas de sus entidades paradigmáticas. Y, además, logra que la ciudadanía por su medio, cuente con una instancia vigilante de las acciones del gobierno. El problema es que, parece que quienes lo presiden y dirigen, pasan por alto que no se puede luchar contra la corrupción –cuya ilegalidad es, su característica fundamental– con herramientas y procedimientos ilegales. O por lo menos, sin respetar las formas procesales.
La directora ejecutiva de esta entidad que, por su naturaleza específica, vive de la acusación pública; de llamar la atención de la ciudadanía y de contentar las organizaciones públicas y privadas, más por la denuncia, que por resultados como debería ser, acaba de presentar un atestado ante un juzgado capitalino, sosteniendo que una persona indeterminada, incurrió en corrupción, al movilizar, desde una cuenta pública sumas millonarias, hacia una cuenta personal. Señalando incluso la fecha; pero sin mencionar el nombre de la implicada. En derecho penal, no hay crimen sin cadáver.
De forma similar, tampoco puede haber corrupción, sin la vinculación del acto irregular, con una persona natural o jurídica determinada.
La peculiar acción ante los tribunales del CNA –que en la acusación debe señalar la implicada, aportando pruebas de la irregularidad, porque de lo contrario, la declararán sin lugar–, no tiene como finalidad, actuar en contra de la delincuencia, sino que convencernos a los ciudadanos y a las entidades financiadoras del exterior, que está luchando contra la corrupción, aunque manejando la estrategia de no señalar culpables, porque más que acciones, quiere lograr publicidad gratis, en tiempos electorales. Desarrollando en la mente popular, la idea que la comisión de lucha en contra de la corrupción, –por su preferencia por las líneas de investigación, pareciera que fuera una locomotora creada, con la finalidad, de aplastar este dañino efecto del crecimiento de la inmoralidad– está cumpliendo sus objetivos. Y sin señalar a nadie, porque en realidad, no quiere entrar en dificultades o controversias.
Por eso no todo es inocente en este acto, aparentemente valiente, en contra de la corrupción que lastra el desarrollo del país y posterga la consolidación de las instituciones democráticas. Aunque no señala a la implicada, menciona eso sí, con alguna ligereza, el nombre del exgobernante, Porfirio Lobo, y el tiempo en que ocurrió el acto denunciado. Con lo que, sin mayores pruebas produce una suerte de escandalosa acción dispersora, en el cual nos confirma que al terminar los períodos presidenciales, se reparten las últimas migajas. O destruyen papeles. Como ocurriera en tiempos de Maduro que, se perdieron los archivos presidenciales.
Ante la acusación, Lobo, con razón, reclama que se dé el nombre de la implicada en la denuncia. La directora del CNA, con su estilo detectivesco, se ha llamado, hasta ahora, al silencio, pretendiendo que los ciudadanos aceptemos, además de la forma suya de irrespetar a los juzgados de la República, su intención de volvernos cómplices de acusaciones sin fundamento, porque no de otra forma, podemos juzgar una denuncia, en la cual no aparece el nombre de la acusada.
Lobo Sosa, que ha sido señalado por el CNC, tiene derecho al reclamo. Y el CNA está en la obligación de responder. Porque en honor a la verdad, no puede ejercer acciones sin transparencia, irrespetando la lógica procesal y mucho menos, aprovechando la oportunidad, para desprestigiar a un expresidente que, al margen de lo que se diga por allí, no le han probado –hasta ahora– ninguna implicación, en acciones de corrupción. Porque una cosa son los rumores; los decires y los enconos que circulan de boca en boca, en un marco de impunidad que han facilitado los nuevos medios de comunicación, y otra, la culpabilidad. Constitucionalmente, es inocente, mientras no se pruebe lo contrario. Por ello el CNC, está obligado a responderle. Tanto para honrar sus compromisos constitucionales, como para preservar el respeto y la consideración de la opinión pública en sus futuras líneas investigativas. Si persiste en no responder, perderá credibilidad. Ya empezó con un libro apresurado, sobre los actos de corrupción que, sin duda, ha dañado su imagen. Por ello, debe dar el nombre de la acusada. Caso contrario, perderemos mucho, con su descalificación.