“DE LA VISTA GORDA”

HAY tantas disposiciones en la Ley Electoral que son absurdas y otras con las que la autoridad se hace de la vista gorda. Dentro de las absurdas están las que restringen en los días finales antes de la realización de comicios “la divulgación de encuestas o sondeos de opinión, toda propaganda política, material impreso, audiovisual, electrónico, magnético o de cualquier índole”. Lo anterior violenta los principios elementales de libertad de expresión. Aparte que solo aplica a la prensa y a los medios convencionales de comunicación. Ignora la transmisión masiva usando la nueva tecnología para comunicarse. No había de eso cuando emitieron la ley. ¿De qué sirve prohibir la divulgación en un lado, si de todas formas se va a regar imparable y desenfrenada por el otro lado?

¿Qué autoridad controla las redes sociales, los “chats” de los teléfonos inteligentes –a veces más inteligentes que algunos de sus dueños– los portales digitales que atiborran al frívolo auditorio de todo tipo de mensajes, comentarios, fotos, “memes”, videos, noticias inventadas, revelaciones manipuladas, crónicas distorsionadas para mantenerlo totalmente desinformado. Acabamos de ver el resultado de una encuesta donde le preguntan a la víctima: ¿Cómo se informa usted? La interrogante –comentamos– está mal planteada. Debió consultársele: ¿Cómo se desinforma usted?  O quizás algo equivalente: ¿Qué medios utiliza para divertirse usted? En esta sociedad superficial y líquida, gran parte de la gente no usa sus fenomenales inventos tecnológicos para informarse, sino para entretenerse. Y, de paso, para desahogarse atacando inmisericorde a todo lo que le tiene tirria. Otra disposición: “Se prohíbe la propaganda anónima y la que promueva el abstencionismo electoral, el incumplimiento de la ley o el irrespeto a las instituciones políticas y la dignidad de las personas”. ¿Cuándo hubo sanción alguna a todos esos insultos, ataques ofensivos si más bien sobre eso fue que se enfocó gran parte de la campaña? Para rematar aquí va otra norma descaradamente irrespetada: “Utilizar cualquier expresión que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partido políticos y sus candidatos”. Si la mayor parte de las entrevistas, de las participaciones, de las intervenciones públicas de ciertos presidenciables y de sus rabiosos voceros –salvando las honrosas excepciones– no ha sido para ofrecer una agenda propositiva al ciudadano o discusión de la problemática nacional sino para triturar al “enemigo”.

Otra prohibición: “Mantener dependencia o subordinación con partidos políticos, personas naturales o jurídicas extranjeras, organismos o entidades internacionales”. ¿A qué hora fue que investigaron –bien Migración o cualquier entidad de seguridad del Estado– esa marejada de venezolanos –para cotejar qué tanta veracidad tenga una denuncia del exsecretario adjunto del Departamento de Estado y del expresidente colombiano Álvaro Uribe– dizque mandó la autocracia a meter su cuchara en el proceso electoral hondureño? Otro mandato ilusorio: “Se prohíbe a los partidos atentar contra el sistema republicano, democrático y representativo de gobierno”. ¿Impulsar constituyentes –incluso como parte toral de la campaña y del programa político– proscritas por el artículo 375 constitucional, para destartalar el Estado de Derecho, linchar la Constitución, con el fin de darle vuelta de calcetín al sistema republicano y democrático de vida y de gobierno, no creen que choca con esta y otra pila de disposiciones jurídicas? Así las cosas, la esperanza, en lo que resta de esta campaña, durante y después de las votaciones, que no hayan lunáticos o actos nocivos que nos hagan perder la paz.