Por Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial
De conformidad con lo establecido en nuestra normativa interna, este domingo 26 de noviembre habrá de practicarse las elecciones generales, lo que indiscutiblemente conducirá a la elección de un nuevo presidente o bien a la ratificación del actual mandatario. Igualmente se estarán eligiendo los nuevos diputados al Congreso Nacional y alcaldes de todos los municipios del país, en el entendido que muchos van por su reelección como diputados o como alcaldes.
Esperamos que sea un proceso limpio, transparente y efectivo, en donde se respete de principio a fin la voluntad expresa del pueblo hondureño y que en función de ello haya una aceptación y consiguiente aprobación expresa de los resultados a nivel nacional por todos los sectores de la nación.
Lamentamos eso sí, la no aplicación en nuestro país del voto electrónico, pues nos hubiésemos ahorrado una significativa cantidad de millones de lempiras, al tiempo que se hubiese garantizado una verdadera transparencia del proceso. Vamos al décimo proceso electoral y con la experiencia acumulada debió generarse ese cambio cualitativo; pero bien, esperamos que para el próximo proceso eleccionario se dé ese significativo paso.
En lo que hace al gobierno abierto, es de puntualizar que el concepto de gobernanza ha ido evolucionando con el tiempo hacia un proceso de carácter abierto y colaborativo entre múltiples actores del sector público, la sociedad civil y por supuesto el sector privado. Este último es indiscutiblemente percibido como un socio estratégico de gran potencial de los gobiernos con miras a la promoción de la gobernanza abierta (open governance): el sector privado puede aportar de manera decisiva al cumplimiento de los objetivos de los planes de acción nacionales de la Alianza para el gobierno abierto a través del intercambio de buenas prácticas, conocimiento teórico y práctico, recursos técnicos y materiales, capital humano, etc.
En lo que respecta a la utilización o aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) actualmente se torna un imperativo categórico en países como el nuestro. Con propiedad se señala que en el contexto América Latina y siguiendo los lineamientos de la Agenda 2030 de la ONU, el desarrollo sostenible de los países en la región dependerá cada vez más del aporte complementario del sector privado y la capacidad que este último tiene de aportar soluciones tecnológicas innovadoras a perennes problemas de desarrollo, incluidos desafíos de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas.
La iniciativa en este contexto debe ser impulsada por el propio Presidente de la República. Ya se han hecho algunos cambios; pero es precisa su implantación estratégica sin limitantes de ninguna naturaleza, con participación del sector privado. En todo caso se formulan entre otras las siguiente interrogantes: 1) ¿Cómo puede el sector privado contribuir al avance del gobierno abierto?; 2) ¿Qué tipo de enfoques y herramientas pueden las empresas, emprendedores, asociaciones y cámaras empresarias aportar al gobierno abierto?; 3) ¿Qué mecanismos existen para promover la colaboración del sector privado en el gobierno abierto? 4) ¿Cuáles son las tendencias y ejemplos más destacados de colaboración del sector privado en gobierno abierto en el mundo? Estas y muchas más reflexiones pueden plantearse sobre el particular.
La calidad de la democracia se mide en el día a día, y no son pocos los problemas que se acumulan para darse cuenta de la insatisfacción ciudadana sobre la efectividad de las políticas públicas. A la vez, se expanden procesos y mecanismos innovadores que apuntan justamente a mejorar el desempeño democrático, muchos de ellos generados por la sociedad civil organizada, y otros por los propios actores estatales. Por tal razón con verdadero sentimiento patrio, estamos invitando a representantes de todos los ámbitos a compartir experiencias y posibilidades que brindan las agendas de gobierno abierto para mejorar los estándares de la institucionalidad y de la misma participación ciudadana.
Debe procederse al rediseño y ejecución de un proceso de reingeniería del Estado que comprenda entre otros rubros: 1. El uso efectivo y funcional de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; 2. Formación y valoración de sus recursos humanos para propiciar un cambio cualitativo; 3. La modernización de la gestión pública al servicio del ciudadano, garantizando su transparencia y funcionalidad; 4. La modernización del marco jurídico e institucional; 5. La provisión de privacidad, confidencialidad y seguridad ciudadana; 6. Incrementar significativamente el nivel de servicio al ciudadano; 7. Reducción sustantiva de los gastos gubernamentales y propiciar una mayor productividad de los recursos presupuestarios, para beneficio del pueblo.
En síntesis: Que el nuevo gobierno proceda a la implantación del gobierno electrónico en Honduras.