CARACAS (EFE). La oposición venezolana volvió a pedir al gobierno de Nicolás Maduro la libertad para cientos de ciudadanos considerados «presos políticos», esta vez en el marco del proceso de diálogo que mantienen ambas fuerzas políticas y ante la cercanía de la Navidad.
El Parlamento, dominado por la oposición, aprobó ayer una declaración en la que piden medidas sustitutivas a la privación de libertad, especialmente «en favor de los presos políticos que padecen enfermedades, sobre todo en estas fechas que apelan al sentido humanitario y el respeto por la salud y la vida».
Los diputados sostuvieron un debate en el que, como de costumbre, no participaron oficialistas y que finalizó con una condena a la llamada revolución bolivariana que lidera Maduro y que, aseguran, «de manera sistemática se ha encargado de hacer del 2017 el año con mayor índice de violación de derechos humanos en la historia».
«Maduro y sus funcionarios se hacen la vista gorda ante los padecimientos de salud de algunos presos políticos», dijo el diputado Édgar Zambrano, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, que ponderó como un «acto desproporcionado de abuso de poder» la existencia de presos políticos en el país caribeño.
El legislador denunció que los operadores de la Justicia «se hacen eco de la factura política» y frustran los deseos de quienes «en tiempos de Navidad buscan el acercamiento de las familias».
Al término de la sesión, el Parlamento cifró en 408 el total de «presos políticos» que hay en el país, y pidió su excarcelación a las autoridades penitenciarias y al gobierno.
«La violación a los derechos humanos ha sido una constante lamentable por parte del gobierno en el 2017, especialmente en el caso de los presos políticos del país cuyo número actualizado alcanza las 408 personas», reza la declaración.
Los legisladores acordaron «exigir la inmediata liberación» de estas personas que la oposición y las organizaciones proderechos humanos califican como «presos políticos», y recordaron que varios de ellos han recibido documentos de excarcelación.
«(Sus liberaciones) han sido ordenadas por los tribunales, pues no hay razón para que continúen detenidos, y la prolongación de su cautiverio es un grave delito y violación a los derechos humanos», prosigue la Cámara, el único poder en manos de la oposición y declarado en desacato por el Tribunal Supremo.
Los diputados exhortaron a los tribunales a que acuerden medidas sustitutivas como arrestos domiciliarios, situación en la que se encuentran dirigentes opositores como Leopoldo López, condenado a 14 años por la violencia desatada al término de una protesta antigubernamental.