Por un gobierno transformador y efectivo

Por Jorge Roberto Maradiaga

Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial
El sábado 27 de enero, el Presidente Juan Orlando Hernández asumirá por segunda vez la conducción de nuestra querida Honduras, dada su condición de Presidente reelecto. Nos parece importante que haya iniciado un acercamiento con todos los partidos contendientes y diferentes sectores de la sociedad, con miras a la materialización de un gobierno que nos garantice la paz, la tranquilidad, la armonización y la participación de todos los sectores en la transformación cualitativa del país.
Un común denominador del diálogo debe ser: Procederse a la modernización del Estado, mediante la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. Debe procederse a: 1. Rediseño de su proceso (reingeniería del Estado); 2. Uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; 3. La formación y valoración de sus recursos humanos (sin distingos políticos); 4. La modernización de la gestión pública al servicio del ciudadano; 5. La modernización del marco jurídico e institucional; 6. Estructurar la provisión de privacidad, confidencialidad y seguridad.
El auge, efectividad y consiguiente aplicación que ha cobrado el internet hoy en día y por ello se habla del “E-government” o gobierno electrónico. Demostrado está en los países desarrollados la utilización de los recursos tecnológicos, dado los beneficios que ofrece internet, lo que propicia el acceso inmediato a la información pública por parte de la ciudadanía, tornando expedito todo tipo de gestiones, trámites y servicios a través de los portales creados en toda la administración.
El E-government no se desarrolla solo creando páginas Web con información institucional o con la oferta de los servicios. Es proyección de un nuevo modelo de gestión, que genera grandes expectativas. Los gobiernos advierten el enorme potencial de las TICs debido a que el cambio tecnológico puede facilitar, acelerar y mejorar la prestación de servicios públicos y la propia gestión administrativa. Los ciudadanos pueden acceder a más y mejor información, pueden ejercer control de las autoridades, aumentar los espacios de influencia y, en general, mejorar el uso del tiempo y los recursos.
Desafío de la administración pública debe ser el mejoramiento de la gestión interna y el acercamiento del ciudadano al quehacer del gobierno. Consecuente con dicha línea modernizadora, se debe dar un paso cualitativo con miras a la implantación del E-government cuyos ámbitos de acción deben ser los siguientes:
a. Atención al ciudadano: Es preciso el establecimiento de nuevas formas de relación gobierno/ciudadano-empresa-inversionista, mediante el uso de las TICs que permita al Estado brindar sus servicios en forma eficiente, eficaz y con independencia del lugar físico.
b. Buen gobierno: Entraña la introducción de nuevas formas y procesos internos en la administración pública, que permitan la integración de los diferentes servicios, compartir recursos y mejorar la gestión interna de los mismos.
c. Desarrollo de la democracia: Entraña la creación de mecanismos que, usando las TICs permitan al ciudadano jugar un rol activo en el quehacer del país, abriendo nuevos espacios y formas de participación.
Principios de un gobierno electrónico:
a. Transformador: Promueve el establecimiento, en la administración del Estado, de una nueva forma de operar, creando y modificando sustantivamente los procedimientos de funcionamiento y de relación con el ciudadano, mediante la introducción de las TICs.
b. Al alcance de todos: Asegurar a todos los habitantes del país el acceso a los servicios provistos en forma electrónica por el Estado, considerando una dimensión geográfica, una social, y una horaria, y asegurando que dichas dimensiones sean equitativas.
c. Fácil de usar: Las tecnologías de información utilizadas por el Estado, deben ser simples y sencillas de usar por los ciudadanos.
d. Mayor beneficio: Implica que el beneficio que signifique para los ciudadanos demandar un servicio a través de las TICs, sea superior al obtenerlo en forma presencial en las dependencias de algún órgano público.
e. Seguridad, privacidad y registro: Disponer de adecuados niveles de seguridad y de estándares respecto a la privacidad de las personas en el acceso a la información y de las transacciones que se efectúen.
f. Rol del sector privado: La implementación de servicios, así como la formación y capacitación de funcionarios y ciudadanos, debe apoyarse en el sector privado, sin embargo, la propiedad y uso de la información estará siempre reservada al Estado y al ciudadano al cual pertenezca.
g. Desconcentración: La administración, mantenimiento y actualización de las TICs, será de responsabilidad de cada servicio, salvo aquellas situaciones que involucren la participación de varios de ellos. Se debe asegurar la interoperabilidad al interior del sector público.
h. Competencia electrónica: Las transacciones podrán efectuarse desde cualquier punto del territorio.
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