Migrantes económicos y refugiados por la violencia se enfrentan a constantes violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas y, a menudo, se ven abocados a un limbo económico al disponer de una visa humanitaria que les impide trabajar legalmente.
Manuel tiene 22 años y es originario de Honduras. En entrevista con Efe, cuenta que cruzó con balsa el río que separa Guatemala y México el año pasado, huyendo de amenazas de las maras.
Poco después, este empleado de un ministerio público comenzó su trámite para ser reconocido como refugiado en México y le pidieron pruebas concretas, como una denuncia o testigos directos.
«Pude comprobar algunos hechos, pero siempre me negaban el refugio», afirma.
Le dijeron que su caso no era consistente y que la prioridad era para solicitantes de El Salvador.
La presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), Marta Sánchez, denuncia a Efe que México no está preparado para otorgar asilo a las víctimas de amenazas y violencia.
«México tiene un serio problema con el asilo porque no está identificando bien a la gente que lo necesita y está deportando gente a la que matan al regresar», asevera.
Al no haber protocolos ni una adecuada gestión de las solicitudes de refugio, las autoridades mexicanas han optado por rechazar la mayor cantidad de peticiones, afirma Sánchez.
De acuerdo con información de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en 2017 se recibieron 14.596 solicitudes de reconocimiento a la condición de refugiado, estatus que permite a las personas trabajar.
De esas, 1.907 fueron aceptadas y 1.650 rechazadas. Siguen en trámite 7.719. Y las 3.320 restantes fueron abandonadas o canceladas por los propios solicitantes de asilo.
«Hay muchísima gente desesperada porque la van a regresar. Los trámites tardan muchísimo, les exigen demasiadas cosas. Muchos abandonan su trámite, siguen su camino y se esconden», agrega.
Principalmente en Honduras y El Salvador, muchas personas huyen de la trata, de la violencia y de intentos de extorsión. Pero las autoridades mexicanas, dice Sánchez, no creen en la gravedad de estos casos.
«Creen que tienen otras opciones, que se pueden mover a otros lados, lo cual obviamente no es cierto. Las organizaciones criminales y las pandillas son internacionales», enfatiza.
A Manuel le dieron la negativa final a su solicitud de asilo después de algunos meses.
«Me dijeron que podía buscar otros recursos y que podía pedir una visa humanitaria, que es lo que pude conseguir», relata.
La visa humanitaria tiene una duración de un año, pero no incluye un permiso para trabajar legalmente, lo que deja a los que la reciben en un limbo económico.
Además, a pesar de que ya había obtenido el permiso de quedarse en el país, la policía detuvo a Manuel y luego de un mes lo entregó al Instituto Nacional de Migración (INM) donde estuvo preso 22 días más.
A su salida, Manuel se mudó a la Ciudad de México y consiguió un empleo como guardia de seguridad, sin derechos laborales.
Ahora vive en el albergue Casa Tochán, donde comparte techo y comida con otra veintena de migrantes. También reciben asistencia médica y tienen un espacio para elaborar manualidades que luego venden.
«Me quisiera quedar aquí en México. A uno le ha costado llegar aquí y si uno cruza a Estados Unidos, tarde o temprano lo van a deportar», dice.
Sánchez confirma que está aumentando el número de migrantes que eligen México como destino final.
Por ello, la presidenta del MMM reclama al gobierno mexicano que al deportar migrantes no está cumpliendo ni con los tratados firmados en materia de derechos humanos ni con la propia Constitución.
«Tengo casos de menores que los apresan y los regresan y eso está absolutamente prohibido en todas las leyes», asevera.
Hiram, originario de Nigeria, tiene 31 años y vive con Manuel en el albergue.
Aunque no se encuentra en condición de desplazado, él también obtuvo una visa humanitaria tras ser detenido por las autoridades en un proceso plagado de violaciones a sus derechos humanos.
Llegó hace tres años a México de manera legal y con permiso de trabajo. Se dedicaba a la producción y edición de videos pero su permiso venció y prolongó su estancia.
Fue detenido arbitrariamente por la policía y enviado desde la Ciudad de México a una delegación del INM en Manzanillo, y luego a la ciudad de Guadalajara.
Permaneció allí dos meses y solo pudo comunicarse una vez con su embajada. Después de insistir mucho, logró que lo transfirieran a la estación principal del INM de la Ciudad de México, donde tardaron seis semanas en comprobar su identidad.
Según narra a Efe, Hiram les comunicó a las autoridades que quería regresar a su país y estaba dispuesto a un retorno voluntario.
Pero las autoridades migratorias se negaron a financiar su viaje, y él carecía de recursos para pagarse el pasaje, por lo que se quedó en la capital.
«No puedo rentar una casa y por eso vine a la casa del migrante, hasta que consiga un trabajo». (EFE)
Migrantes, expuestos a violaciones de sus derechos humanos
