Implicados en desfalco al CAH anuncian procedimiento abreviado

Olbin Mejía, abogado y catedrático universitario y ocho implicados más en el descalabro financiero de 506 millones de lempiras contra el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), anunciaron ayer a través de sus abogados el sometimiento a un procedimiento abreviado ante un juez en materia de corrupción y así evitar más de 2,000 años de cárcel por la magnitud de los delitos.
Durante la audiencia preliminar desarrollada ayer en el despacho de una jueza en materia de corrupción, donde la Fiscalía se aprestaba a formalizar la acusación criminal, la defensa de los imputados expuso su interés de someter a sus representados a un procedimiento abreviado, por lo que pidieron a la togada suspender la diligencia para programar una nueva audiencia el próximo 16 de marzo.
Los imputados son: Olbin Mejía, Josué Argeñal y Héctor Andino, quienes enfrentan proceso por los delitos contra la administración de fondos privados de jubilaciones y pensiones, así como falsificación de documentos públicos.

DEFENSOR

Mientras, Óscar Casco, Francisco Valladares, Roset Euraque, Roberto Romero y Pastor Eliú Valladares están acusados por el uso de documentos privados y apoderamiento del dinero del CAH. El MP había acusado a una décima persona de nombre Santos Porfirio Alvarenga, pero fue liberado mediante un sobreseimiento provisional que fue confirmado por la Corte Penal de Apelaciones. Mejía, fue presidente del CAH en el período 2010-2012 y durante esos períodos habría cometido una serie de ilícitos que suman 506 millones de lempiras.
Una vez suspendida la audiencia preliminar, el abogado Jesús Chinchilla dijo a LA TRIBUNA que varios de los acusados enfrentan los delitos financieros y falsificación de documentos y según el Código Penal, se castiga con una pena de seis a 12 años y la falsificación de documentos de tres meses a seis años.
Pero aclaró que de los nueve implicados al menos cinco enfrentan hasta 191 delitos en concurso real, suman más de 2,000 años de prisión. Asimismo, explicó que hasta el momento se trata de una solicitud que se le presentó verbalmente al MP y que deberá ser solicitada por escrito para desarrollar la negociación de la pena.

Jesús Chinchilla, representante legal de varios imputados.

ACUSADOR PRIVADO

Mientras, la abogada Ritza Antúnez, quien representa al CAH, como acusadora privada, declaró que si se logra el acuerdo entre las partes, los imputados deberán pagar la multa equivalente al 10 por ciento del robo que le hicieron a la institución gremial que representa.
Asimismo, dijo que “como parte acusadora, nos interesa llegar hasta el fin de un proceso con un resultado de condena por los delitos que han causado tanto perjuicio al gremio de abogados”.
Explicó que si ellos están solicitando un procedimiento abreviado es el resultado de una condena con una rebaja de un tercio o un cuarto en las penas y posibles análisis de los concursos de delitos.

FISCALÍA

Por su parte, la Fiscalía a través del abogado Germán Enamorado, dijo que “tenemos un mes para analizar la propuesta que harán los defensores de los imputados, estamos anuentes a escucharlos y así determinaremos si se admite o no la solicitud del sometimiento al procedimiento abreviado”.
“Será una determinación de las autoridades superiores de la Fiscalía, son formalidades que se deben cumplir, los abogados lo saben y se ha fijado un tiempo prudencial por parte de la juez para esa formalidad”.
“Nosotros tenemos la contundencia de las evidencias presentadas desde el principio y si fuese el procedimiento abreviado que siente un precedente al aplicar una condena razonable y justa a las pretensiones de la Fiscalía estiraría bien, pero si es un debate también esperamos la condena”, expresó Enamorado. (MR)

Germán Enamorado, fiscal del Ministerio Público.