Miembros de la Plataforma Ciudadana por Honduras, y el Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla se reúnen este lunes con el objetivo de conocer los logros y resultados obtenidos por el Ministerio Público.
Algunos representantes de diferentes sectores que conforman la plataforma han indicado que la gestión de Chinchilla ha sido fructuosa y admirable, razones suficientes para permitir una reelección del funcionario en su cargo.
“Por el trabajo que viene desempañando, el montón de casos de corrupción que ha descubierto en los últimos días y por eso yo creo que es posible que se le dé una nueva oportunidad, para que sigamos apoyando lo bueno que ha tenido el país”, indicó Rafael Sánchez representante de los mercados capitalinos.
La reunión se llevó a cabo en la sede del Ministerio Público en la Colonia Lomas del Guijarro de Tegucigalpa esa entidad del Estado, a partir de las 10:00 de la mañana.
Oscar Chinchilla ha estado al frente del MP durante los últimos 4 años y medio, y deberá dejar su cargo al elegir un nuevo fiscal que deberá afrontar nuevos desafíos a futuro.
“Es muy saludable que él (fiscal), es una persona muy tranquila, discreta y prudente”, dijo Armida de López Contreras.
Con respecto a la reelección del fiscal la representante del sector social indicó que dependerá de las valoraciones que se realicen en la reunión.
“Yo creo que depende de lo que nosotros escuchemos, será el punto de vista, el que podamos dar una vez hayamos tenido la reunión con el fiscal”, informó.
La Plataforma Ciudadana por Honduras, es una coalición de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y movimientos sociales, iglesias, instituciones académicas, gremios empresariales, cooperativas y otras iniciativas del sector social de la economía, centrales obreras y campesinas, y asociaciones de pobladores y patronatos, que busca coadyuvar a la consecución de los grandes acuerdos que faciliten el bienestar de los hondureños, la consolidación de la paz, democracia y gobernabilidad de la nación.
Asimismo, impulsa la adopción de políticas públicas que permitan garantizar el pleno goce de los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos.
