La administración tributaria y el Ministerio Público (MP) le siguen la pista a, por lo menos 16 grandes defraudadores del fisco hondureño, mediante investigaciones que llevan a cabo unidades especializadas en el combate al lavado de activos y delitos fiscales.
En los expedientes de la Fiscalía Contra la Evasión aparecen empresas del sector inmobiliario, comercio e importaciones radicadas en San Pedro Sula, Tegucigalpa y ciudades del Litoral Atlántico del país, como La Ceiba.
Las investigaciones se encuentran en la etapa final, previas ser presentadas en los juzgados correspondientes y llevar ante la justicia a los dueños de las empresas involucradas en evasión y blanqueo de capitales, reveló una fuente de la Fiscalía.
Hasta ahora se desconocen los montos defraudados al erario nacional por lavado, pero al sumar todos los datos de indicios de evasión se tasaría en millones de lempiras, el total del proceso investigativo.
La mayoría de los casos están relacionados al pago de tributos, que de acuerdo al Servicio de Administración de Rentas (SAR), sigue siendo elevada la evasión, pese a mecanismos como el 1.5 por ciento denominada comomedida antievasiva.
Suman en total, 16 expedientes que las autoridades tributarias y la Fiscalía investigan desde el año pasado.
INVESTIGACIONES COMPLEJAS
La gerente del SAR, Ángela Madrid, confirmo a LA TRIBUNA que a estos casos se les da seguimiento desde el 2017 entre “investigaciones complejas”.
De los 16 casos, ocho estarían entrando a los juzgados próximamente ya que para mediados de año se habrán contabilizado “los perjuicios ocasionados para la deducción de responsabilidades, no solo penales, sino civiles”, amplió la funcionaria.
En vista que son tramas evasivas confusas al estar elaboradas por bufetes especializados en asesoramiento para evadir el pago de impuestos a nivel regional, se están llevando a cabo auditorias forenses.
Mediante estos análisis, los investigadores podrán conocer los montos dejados de enterar o los millones blanqueados en actividades relacionadas a la construcción de vivienda, condominios o edificios comerciales.
De acuerdo a los expedientes, en la mayoría de los casos sucede que los dueños de las empresas bajo investigación no pueden sustentar la fuente primaria de los ingresos y los bienes que han acumulado sus propietarios en los últimos ocho años.
La defraudación fiscal y el blanqueo de dinero proveniente de actos de corrupción marchan de la mano, según pesquisas.
REDES DE ONG
Lo anterior se deduce al comparar las declaraciones por ISR, las cuentas en bancos y las propiedades, de acuerdo a los expedientes, algunos sujetos bajo investigación se estarían escudando en estrategias como el traspaso de bienes a testaferros o parientes lejanos, buscando despistar.
Las pesquisas señalan que el lavado de activos y la evasión fiscal son temas afines, que encajan con denuncias realizadas el año pasado por gremiales de la construcción cuando apareció que el cartel de “Los Cachiros”, accedió a 44 proyectos de construcción del Fondo Vial.
Se mencionó también la existencia de una red de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que realizan centenares de proyectos de desarrollo social comunitario y que en conjunto suman millonarias cantidades en lempiras y que manejan en obras.
En el gremio de la ingeniería civil, a estas empresas se les conoce como “constructoras chapuceras”, al ser desplazados por personas que, al tener contactos oficiales, acceden a este tipo de proyectos sin tener la experiencia necesaria.
