Por: Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario
Ha sido el propio fiscal general Óscar Fernando Chinchilla quien ante las especulaciones surgidas en las últimas semanas, se encargó de aclarar que no se postulará para ser reelecto en el cargo por un nuevo período tal y como esperaban ansiosamente algunos sectores políticos, religiosos y de sociedad civil.
Casi en el epílogo de su gestión, tras cinco años al frente del Ministerio Público, cargo al que llegó en medio de una elección cuestionada y realizada en altas horas de la madrugada, tal y como acostumbran los políticos hondureños, hay quienes ya plantean que el titular de este organismo, no logró encontrar la fórmula para independizar y hacer más eficiente el trabajo de la institución.
Si bien la gestión de Chinchilla tiene algunos logros destacables, entre ellos el fortalecimiento de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), organismos bajo los cuales se desarrollaron diversos operativos con resultados relevantes, estos no parecen ser suficientes argumentos para exigir o pedir su continuidad.
A los promotores de la reelección del fiscal general, se les olvida que durante los últimos tres años, diversos sectores han venido cuestionando la lentitud y la debilidad con la que el Ministerio Público actuó en los procesos que se siguen por el desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), considerado el más grande escándalo de corrupción en el país.
El mismo Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunció a mediados del 2017, el desinterés de la Fiscalía por darle seguimiento y resolver varias líneas de investigación relacionadas con delitos de corrupción que se han cometido desde la administración del Estado, denuncias similares, también se han hecho en relación a casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos y delitos contra la vida, como los asesinatos de periodistas, comunicadores, profesionales del derecho y líderes de organizaciones que trabajan con grupos en vulnerabilidad.
A meses de la elección de un nuevo fiscal general, y su fiscal adjunto, el país urge hoy de un proceso transparente, honesto y no basado en cabildeos de uno y otro bando político negociando acuerdos que les beneficien y evitando que la justicia alcance sus estructuras.
El Ministerio Público debe constituirse verdaderamente en una dependencia independiente, alejada de toda injerencia política, comprometida con la defensa de los intereses de la sociedad y ejerciendo la acción penal con firmeza, con legalidad y con autonomía, sin importar de quien se trate o qué intereses afecta.
En las actuales circunstancias esta es una misión difícil, tal y como acontece con el Poder Judicial, el Ministerio Público no escapa de las injerencias externas, el nombramiento de sus autoridades sigue sujeto al poder político y esto demuestra la situación de gravedad institucional que existe. Acudir en esta nueva oportunidad a la elección del fiscal general y el fiscal adjunto bajo los procedimientos establecidos es encontrarnos con más de lo mismo, un proceso anticipadamente viciado y manipulado por los interés políticos de quienes se han acostumbrado a la repartición de estos cargos, alentando de esa manera la impunidad y minimizando las posibilidades de éxito en el combate a la corrupción y la criminalidad.
Aunque la administración del fiscal Chinchilla aún tiene un par de meses de vigencia, estamos en el tiempo justo para modificar en gran medida el trabajo de evaluación y nominación de candidatos y por otra parte, buscar un mecanismo para que las instituciones proponentes (CSJ, Colegio de Abogados, CONADEH y la ASJ) sean verdaderamente independientes y no se conviertan en los canales de expresión e inclusión de quienes desde el poder político ya traen la bendición para ocupar el cargo.
@aldoro/[email protected]
La elección del fiscal; ¿más de lo mismo?
