Por Marcio Enrique Sierra Mejía
Existen sectores políticos de la sociedad civil hondureña que están induciendo una estrategia de revictimización. Es decir, promoviendo un conjunto de hechos en que sus activistas caen en acciones de revictimización recurrentes, separadas en el tiempo y realizadas con sistematicidad por diversos grupos antigobierno, pertenecientes a diversas estructuras militantes: unos de orientación anarcos socialistas y otros seguidores de doctrinas delictivas como las pandillas, maras o asociados al crimen organizado.
Ante esas estrategias de revictimización, la Policía Nacional está respondiendo con una contra estrategia que enfatiza en un proceso de formación educativa constructivista, que prioriza y centraliza los derechos humanos en la teoría y en la práctica, para lograr garantizar el respeto y la protección de estos al momento de ejercer la función policial.
La perspectiva de la Policía hondureña se centra en armonizar relaciones de convivencia entre la ciudadanía y la Policía Nacional, mediante la aplicación de procesos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y eliminen las causales que propenden a la violencia.
La visión unidireccional, exclusivista y pringada de tintes ideológicos políticos, del uso, goce y reclamo de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, generó un empoderamiento ciudadano sesgado, espontáneo de los derechos fundamentales, ejercido a partir de una concepción mal entendida e influenciada por los medios de comunicación mal formados en el tema y la falta del perdón social por hechos históricos que, constituyeron en su momento, violaciones a los derechos humanos.
Esta forma de empoderamiento de los derechos humanos se derivó del hartazgo social al que nos llevaron los actores políticos pasados en sus ejercicios mediocres y dañinos en la función pública, al haber incumplido promesas de ideología liberal y luego seudosocialistas, que sembraron la esperanza de una verdadera atención a los más vulnerables, emocionando a la masa que los llevó al poder, para defraudarla posteriormente al no justificar su ineficiencia y sus acaudalados capitales reflejados en glamurosos estilos de vida. Este sector inconforme de la sociedad hondureña, pretende defender sus posturas y sus intereses a través de mecanismos de presión social, los cuales se convierten en escenarios de actuación de la Policía Nacional, en los que se generan múltiples denuncias contra ellos, para intimidarlos y llevarlos al abstencionismo policial, y así lograr una parálisis funcional por temor a que los acusen de cometer violaciones a derechos fundamentales, denuncias que son atendidas de manera prolongada en el tiempo dejando serias consecuencias para los y las policías, de violación a sus derechos de defensa, debido proceso y presunción de inocencia.
Las interrogantes consecuentes a este planteamiento son, ¿tienen los y las policías derechos humanos?, ¿quién los defiende a ellos (as) del irrespeto y las provocaciones violentas que realiza la ciudadanía sesgada y enardecida para revictimizarce, sometiéndolos a la condena social y a la estigmatización de su rol en la sociedad?
Desde una perspectiva equilibrada, incluyente y diferenciada en la esfera de competencias civil policial, debo decir que la Policía Nacional sí posee derechos humanos, que les son violentados por dos grandes adversarios: a. Por un lado, ciertos organismos no gubernamentales de derechos humanos, que actúan de manera parcializada y que cuestionan y desbaratan de forma instantánea la presunción de inocencia a la que tienen derecho los miembros de la institución policial, motivados por el posicionamiento protagónico mediático que les garantiza la gestión exitosa de recursos económicos en el extranjero; b. Por otro lado, la Fiscalía de Derechos Humanos, encañona su poder contra los funcionarios policiales, cuando se hace uso legítimo de la fuerza para reestablecer el orden público.
Afortunadamente ahora, la política de seguridad ciudadana preventiva, está encaminada al fortaleciendo de la institucionalidad policial en tres plataformas: 1. La academia y la práctica, trabajando para que a lo interno se asuma el conocimiento pertinente, se recobre la identidad y autoestima policial requerida para el cumplimiento del deber en condiciones óptimas que garanticen la eficiencia y eficacia en la actuación policial, 2. A lo externo, se ha transversalizado el enfoque comunitario que busca generar mecánicas de interacción civil policial que aporten a la construcción de la paz social, 3. Se ha destinado presupuesto para mejorar la calidad de vida de las y los miembros de la institución policial.
En fin, debemos reconocer que las y los policías poseen derechos fundamentales que deben ser respetados por la ciudadanía, lo cual nos indica que es justificado tener un sistema de protección, asistencia y acompañamiento jurídico, que les garantice a ellos impulsar y fortalecer su actuación dentro del marco de la ley.
iEscrito con la colaboración de Ángela Sosa,
especialista en derechos humanos.
