En una comparecencia, el titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), subcomisionado Rommel Martínez, dio a conocer detalles de las investigaciones realizadas de casos registrados en el período previo, durante y post electoral en Honduras, dejando entrever que siguen indagando y no han sido olvidados por las autoridades policiales.
La conferencia y aseveración se dio, luego que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (OACNUDH) presentara un informe oficial, donde se establece que en el país hubo violaciones a los manifestantes, al grado que se dieron 23 muertes, sin investigar hasta el momento.
En tal sentido, Rommel Martínez destacó que por la Policía Nacional: “Se integró una mesa de validación técnica conformada por Ministerio Público, Medicina Forense y DPI para identificar eventos que verdaderamente tienen vinculación con los conflictos post electorales”.
La mesa de validación identificó 22 casos que podrían relacionar a hechores, víctimas y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, los informes y avances de estos casos fueron remitidos en tiempo y forma al Ministerio Público, detalló el oficial policial.
“Se remitieron informes preliminares y avances al Ministerio Público, quien en algunos casos a su vez ha instruido a otras diligencias investigativas y pericias científicas que en su mayoría ya se realizaron por los equipos técnicos y especialistas de Medicina Forense” apuntó.
“La DPI reitera el trabajo transparente y profesional realizado; para definir las investigaciones se crearon dos matrices a fin de determinar víctimas, hechores y para desvirtuar casos aislados suscitados durante el período en mención”, finalizó.
INFORME
Cabe destacar que dicho boletín policial fue leído, una hora después que representantes de la ONU destacaran que los cuerpos de seguridad de Honduras “utilizaron una fuerza excesiva, incluso letal” para dispersar las protestas surgidas después de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, donde Juan Orlando Hernández, fue reelegido.
El organismo indicó que hubo violaciones de derechos humanos entre el día de la votación, el 26 de noviembre de 2017, y la toma de posesión del Presidente hondureño, el 27 de enero pasado.
Según esa agencia de Naciones Unidas, aunque algunos de los manifestantes realizaron actos violentos, “el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas indica que las fuerzas de seguridad hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio o de defensa propia, como cuando los manifestantes estaban huyendo”.
“En particular, esto quedó ilustrado por los casos de siete víctimas que murieron como consecuencia de disparos en la cabeza”, destaca el informe internacional.
Indica que, hasta el 27 de enero pasado, según información recibida, no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y lesiones ocurridas.
