Por Óscar Lanza Rosales
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El diputado por la Alianza Patriótica Hondureña, y vicepresidente del Congreso Nacional, Dennis Castro Bobadilla, ha presentado un proyecto con un rosario de reformas, agregados y derogaciones de algunos artículos de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes, que se ha emitido en años anteriores para hacerle frente al crimen organizado y a la corrupción, e incautar y decomisar bienes que se han adquirido en forma ilícita o han servido para cometer actos irregulares.
Los cambios más importantes que se quieren hacer a esta ley, son los siguientes:
Agregarle al Artículo 1: “Cuando se trate de funcionarios o empleados públicos que se les investigue por el delito de malversación de caudales públicos, conforme al Artículo 370 del Código Penal, se le privará solo los bienes, productos, instrumentos o ganancias, originados, obtenidos, o derivados de dichos caudales malversados y adquiridos a partir de la fecha en que tomaron posesión del cargo público conforme al monto de lo malversado y mediante sentencia firme y condenatoria”.
Con relación al Artículo 3, uno de los agregados, siempre con relación a los funcionarios o empleados públicos que se les investigue por el delito de malversación de caudales públicos, conforme al Artículo 370 del Código Penal: “En ningún caso mientras dura el proceso, se declarará la incautación, comiso o decomiso del bien inmueble en que habite la persona que está siendo objeto de la aplicación de esta ley, junto a su cónyuge, hijos y demás dependientes, así como los bienes muebles que forman parte del ajuar de una casa”.
Artículo 80. Derogarlo por inconstitucional
Se agrega al Artículo 81 que las reformas propuestas tendrán efecto retroactivo, para todos los casos que estén siendo sometidos a la misma.
Al Artículo 90 sobre aseguramiento de bienes, se le agrega: “Salvaguardando el derecho de habitación provisional de la casa y menaje necesario para tener una vida digna, que haya sido otorgado conforme a lo establecido en el Artículo 3, párrafo segundo, inciso 6 de la Ley sobre Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, hasta el momento que se dicte sentencia condenatoria firme”.
El rechazo al proyecto de reformas a esta ley impulsadas por el diputado Castro Bobadilla, no se han hecho esperar. La ha rechazado la ciudadanía en general, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la MACCIH.
De acuerdo al CNA, la pretendida reforma “tiene como finalidad única el beneficio de personas que actualmente están siendo sometidas a procesos penales y que su vinculación con diferentes partidos políticos, les está exigiendo la compensación de favores como recompensa de su apoyo”. El CNA considera que el diputado proyectista -Castro Bobadilla- tiene conflicto de intereses, porque en una sociedad mercantil de la que fue su gerente general, la misma fue asegurada en 2013, por lo que uno de sus socios (su sobrino) se encuentra en la actualidad bajo prisión preventiva, por enfrentar procesos penales. El CNA considera que no hay razón para que esta ley sea reformada o considerarla inconstitucional. Además, el CNA reafirma su preocupación por las leyes que está reformando la clase política y que limitan las acciones encaminadas a combatir la corrupción. Hace un llamado a la ciudadanía hondureña para que no permitamos que se aprueben estas reformas, como sucedió con las reformas a la Ley Orgánica de Presupuesto.
La MACCIH por su parte dice que las reformas no diferencian al proceso penal, que está encaminado a determinar la responsabilidad individual por la comisión de un delito, del proceso de privación del dominio, que está dirigido a impedir que las organizaciones criminales puedan seguirse lucrando de los bienes obtenidos ilícitamente. Las reformas también estarían privilegiando a funcionarios o empleados públicos encausados por el delito de malversación por apropiación (Artículo 370 del Código Penal), situación que entraría en conflicto con el principio de igualdad que contempla la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras. Con relación a la retroactividad, dice que no corresponde su aplicación a normas procedimentales, y en caso de aprobarse beneficiaría a la criminalidad organizada, por cuanto se impediría la privación definitiva del dominio de sus bienes, en cualquier época, así hubieran sido adquiridos de forma ilícita. De pasar estas reformas, Honduras también incumpliría sus compromisos internacionales en la prevención y combate a la corrupción y la criminalidad organizada.
Finalmente, lo que estamos apreciando los hondureños, tanto con el Congreso anterior como el actual, a lo que llegan sus diputados a esos recintos es a proteger sus intereses y no los del pueblo.