Transparencia piden en aprobación de Ley de Servicios de Seguridad

El apoyo a la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Servicios Privados de Seguridad y otros Servicios Especiales fue reiterado por ejecutivos del rubro, que solicitan a ese poder del Estado que en los procesos de socialización de la normativa no intervengan intereses particulares, sino que se ejecuten de la forma más transparente posible.
Para el caso, indicaron que al seno de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional no son del parecer que el diputado Enrique Yllescas intervenga en la socialización de la norma con los dueños de las compañías de seguridad, porque sería juez y parte en estas conversaciones previo a la discusión y posterior aprobación de la referida ley.
También son del criterio que esa nueva normativa debe garantizar que la actividad que realizan estas empresas esté bajo la debida transparencia y no se puede desde ya someterse a discusión con señales de intereses a particulares.
En recientes jornadas de trabajo entre diputados del Congreso Nacional y depuradores, se ha discutido en torno a esta ley y coinciden en que la normativa vendrá a llenar un vacío en este grupo empresarial, ya que las compañías de seguridad necesitan ser certificadas y supervisadas por un ente externo para garantizar que sus servicios sean transparentes para sus clientes, ya que se han conocido fuertes denuncias sobre algunas de ellas por su forma de operar.
La Ley de Servicios de Seguridad será de orden público y tendrá por objetivo regular las actividades de autorización, control, supervisión, evaluación y capacitación de los servicios que estas compañías prestan.
Asimismo, los empresarios del rubro ven con optimismo que los diputados del Congreso Nacional se dispongan a discutir los alcances de esta nueva ley después de Semana Santa, pero a la vez les preocupa que esa normativa contenga artículos que van en contra de la libre empresa, Código de Comercio y que se vuelva confiscatoria.
Por lo tanto, sugieren jornadas de socialización para que esta norma una vez aprobada, no repercuta en el cierre de compañías de seguridad ya constituidas, provocando desempleo en la clase social más pobre del país.