El gobierno nacionalista aprobó a finales del año 2013 el impuesto del 1.5% sobre los ingresos brutos iguales o superiores a 10 millones de lempiras de las personas naturales y jurídicas. La decisión fue criticada duramente. La cúpula empresarial consideró que el impuesto era una doble imposición, era confiscatorio y afectaba la inversión extranjera. Llevó un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia cuya Sala de lo Constitucional lo rechazó. A su vez, la gente también respondió. Como en otras ocasiones cuando se ha aumentado los impuestos, el ciudadano percibió la medida como una muestra más de lo ilimitado que puede ser la sed del gobierno por más recursos.
Pasados cuatro años, el gobierno recientemente anunció haber llegado a un acuerdo con la cúpula empresarial. El resultado es que no se elimina el impuesto, pero se modifica para los próximos años. Se eleva el techo para gravar solamente las empresas cuyos ingresos brutos sean mayores a L.300 millones reduciendo además la tasa. Al parecer eso satisfizo a la cúpula empresarial que ahora opina que el impuesto con las modificaciones deja de ser confiscatorio y se convierte en una medida contra la evasión de los impuestos.
En Honduras las alzas a los impuestos han estado fuertemente influenciadas por la existencia de un alto déficit en las cuentas del gobierno.
Necesitamos dinero, ha sido el reclamo de los funcionarios. Ese ha sido en gran medida el espíritu que ha impulsado a diferentes gobiernos a imponer aumentos a los ya existentes, así como a la creación de nuevas cargas tributarias. Así quedó plasmado en el decreto del 2013 que dio vida al 1.5% cuando estipula que se introducen las nuevas medidas fiscales para reordenar las finanzas del Estado, léase los ingresos del gobierno; agrega además que se crea el 1.5% porque es pertinente una mejora en la captación de recursos.
Sin embargo, las decisiones en materia de política fiscal se deben analizar en un amplio contexto. No basta justificar un alza en los impuestos sobre la base de una supuesta necesidad de ingresos. Lo que finalmente le da respaldo a una decisión de tal carácter es el uso que se le planea o se le está dando a la recaudación generada. Un gobierno de manos limpias y eficiente en su gestión cumple con su cometido de ser un elemento estabilizador del ciclo económico y compensador de las disparidades en el ingreso. Los indicadores económicos y sociales con que se evalúa el impacto de la política pública reflejarán mejorías indiscutibles. Se gana por ende el derecho de recaudar más y de exigirles más a sus contribuyentes en el caso de surgir necesidades.
Por el otro lado, a un gobierno despilfarrador y corrupto nunca le ajustarán los recursos. Por mucho que se endeude, por mucho que aumente los impuestos y por más que persiga a los contribuyentes, las cuentas nunca resultarán. Allí existirá el deseo permanente de encontrar fuentes adicionales para gravar. Mientras tanto los recursos que fluyan se invertirán en proyectos sobredimensionados y desconectados de las más grandes necesidades. El gasto corriente será igualmente absorbido por compras sobrevaloradas y exigencias superfluas de la burocracia y los politiqueros. Las medidas de compensación social serán solamente el título, escondiendo detrás burdas maneras de comprar lealtades. Bajo esas condiciones se hace necesario frenar las intenciones de crear más impuestos.
Creo que los ciudadanos han estado en lo correcto al ser muy críticos cuando se trata de alzas a los impuestos. Abrir los espacios para que los gobiernos metan la mano en cualquier ingreso, es como echar cosas en un saco roto: siempre pedirá más y nunca se resolverán los problemas.
Rafael Delgado Elvir
San Pedro Sula
