Cuando la corrupción se consolida

Por:  Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario
Sobre la consolidación de la corrupción en Honduras se han escrito, y seguramente se continuarán escribiendo infinidad de artículos y notas periodísticas cuya única finalidad será denunciar y evidenciar la fragilidad institucional del país, pero muy poco en cuanto a resultados concretos, el escudo que protege a este flagelo es hasta ahora impenetrable al grado de someter y poner de rodillas a toda la institucionalidad jurídica.
La cultura de la transparencia no es parte de las prioridades de la clase política de este país, por el contrario, mientras más oscuro el panorama es mejor para sus intereses, esos que se concentran en el abuso del poder público, el tráfico de influencias, la malversación de los recursos del Estado, el fraude, y la manipulación entre otras prácticas irregulares que surgen desde el estado mismo.
En un país acostumbrado a la interpretación antojadiza de la ley no hay expectativas de orden y desarrollo social y económico, cuando la corrupción se consolida la política se pervierte, la avaricia y los deseos enfermizos de poder se sobreponen a las necesidades de una sociedad que ve con preocupación cómo se destruye la institucionalidad y se fortalece el gigante poderoso de la impunidad.
En la Honduras de los escándalos no cabe la independencia judicial, curiosamente entre más leyes se aprueban o se reforman, menos visibles son los resultados, y quizás la responsabilidad no es total de los operadores de justicia, también se cuenta con la atenuante de la “astucia” política acostumbrada a crear barreras que favorecen la normal operación de un esquema de ilegalidad.
Cada vez que asomaron leves intenciones de combatir la corrupción de manera frontal y directa, las alarmas sonaron y sus mecanismos de defensa se activaron, desde las más altas esferas políticas se controlan los escenarios y se toman las decisiones para mantener el statu quo,  así se obligó a la salida de Juan Jiménez Mayor, así pasa con un recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que pretende darle el tiro de gracia a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Otro caso reciente es la reforma a la Ley de Privación de Dominio, que, a juicio de la mayoría de parlamentarios, es inconstitucional porque violenta el derecho de personajes acusados o señalados por malversación de fondos, lavado de activos o enriquecimiento ilícito entre otros delitos, privándoles de sus bienes sin antes concluir un proceso judicial.
Quizás en este caso exista cierta lógica si tomamos en cuenta el principio constitucional de que todo individuo es inocente hasta tanto un tribunal no le compruebe lo contrario, sin embargo, el riesgo no se concentra en la determinación legal o no de incautar o asegurar bienes, la dificultad está en el débil y manipulado sistema judicial hondureño que no garantiza la correcta aplicación de la ley en casos que involucran a altos personajes.
Que la impunidad y la corrupción en Honduras crecen a pasos agigantados es ya una realidad que no admite discusión, el dilema se concentra en cómo encontrar el antídoto para erradicar este mal social, cómo obligar a los gobernantes a que asuman verdaderos compromisos de país antes que llevar al país por el camino erróneo, un estado que no respeta la ley es un estado corrupto.