DÍAS atrás que notificaron el fin del TPS escribimos: “Lo que ahora queda a los hondureños inmigrantes es la esperanza que la reforma inmigratoria ocurra pronto sobre parámetros de justicia y humanidad, como de sensibilidad a la integración familiar y al derecho de las personas a ganarse una vida digna”. No había transcurrido ni la semana cuando el jefe de Gabinete de la Casa Blanca anunciaba que “su gobierno apoya la idea de abrir un camino a la ciudadanía para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS)”. El anuncio seguramente sorprendió a los inmigrantes angustiados. Pero más ha de haber asustado a los políticos locales que vieron en aquello una forma de llevar agua a su molino. (Bien pudo ser que el anuncio del “camino a la ciudadanía” le aguara la fiesta a los que fueron a plantarse frente a la embajada norteamericana aquí en Tegucigalpa). El TPS, aparte de Haití y otras naciones cuyos ciudadanos indocumentados gozaban del auxilio, fue cancelado en la región centroamericana a los salvadoreños, a los nicaragüenses y a los hondureños.
Los que se adscribieron al TPS tienen el crédito a su favor que aún cuando cruzaron la frontera sin documentos en el momento que se les brindó la posibilidad de sujetarse a un marco legal lo hicieron sin pensarlo dos veces. Algunos ilegales prefirieron no matricularse, temerosos que si algún día abolían el programa los datos por ellos proporcionados facilitaría a las autoridades inmigratorias dar con su paradero. Sin embargo, pese al riesgo de ser deportados en la eventualidad que ello sucediese, muchos prefirieron respetar la ley inscribiéndose para regularizar su situación. Lo que ha impedido la reforma del agrietado sistema inmigratorio han sido las diferencias políticas entre demócratas y republicanos como entre la Casa de Gobierno y el Legislativo. Si embargo, hoy que de la Casa Blanca da señales de favorecer un “camino hacia la ciudadanía” bien puede ser que este sea el momento para lograr el consenso. El ansiado acuerdo entre el Ejecutivo y ambas cámaras del Congreso que, hasta ahora, no había sido posible. Así que las gestiones del gobierno hondureño deben centrarse en esa dirección. La razón que ofrece la administración estadounidense para la cancelación de esos programas –tanto del TPS como del DACA– según las palabras del general jefe de gobierno es “forzar al Congreso de los Estados Unidos a hacer algo”, en lo que respecta a una reforma inmigratoria definitiva.
La mayor parte de los protegidos por el TPS han vivido en los Estados Unidos por más de dos décadas, a partir de otorgado el beneficio. Ello ocurrió después de aquel siniestro natural que despedazó el país. Los hondureños no gozaban de amparo alguno –se arguyó que no sufrieron los efectos del conflicto armado en Centroamérica, aunque miles de compatriotas fueron desplazados de las zonas fronterizas por el desborde que ocurría en territorio hondureño– y eran deportados en grandes números. El gobierno hondureño después del huracán gestionó en Washington el estatus temporal y una moratoria a las deportaciones. De allí salió el TPS –tanto para Honduras como a otros países– como una medida transitoria mientras se realizaba la reforma legal definitiva al sistema inmigratorio. Aquello que dio abrigo y refugio a cientos de miles de hondureños –aparte de hacer crecer las remesas familiares a más de $4,500 millones– ahora podría ser la “vía a la ciudadanía” que tantos de ellos han anhelado.