Alcaldes desfilan por la UFECIC

En los últimos días, alcaldes de las municipalidades de Vado Ancho, Texiguat, El Paraíso; Namasigüe, El Triunfo, Choluteca, entre otras, rindieron declaraciones ante los fiscales adscritos a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), con sede en Comayagüela.

Fuentes de la Fiscalía informaron que “de todos es conocido que se investigan los proyectos de obras públicas financiados con el Fondo Departamental”, en ese caso los fiscales detallaron que han sido citados diputados, alcaldes y regidores para aportar información al caso.

Otros ediles comparecieron ante la unidad sobre fondos municipales que recibieron en las transferencias, ya que se investigala adjudicación de los proyectos municipales que se han realizado en el reciente pasado.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) traspasó a la UFECIC la investigación de los proyectos asignados, empresas presuntamente ligadas al crimen organizado, dedicado principalmente a la narcoactividad y que utilizan este tipo de rubro para el blanqueo de capital.

Se menciona, por ejemplo, los proyectos desarrollados por las constructoras de los hermanos Rivera Maradiaga, conocidos en el mundo criminal como “Los Cachiros”, que firmaron contratos de obras y no se sabe si las ejecutaron.

La semana anterior el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) aportó más de 25 líneas de investigación sobre el caso.

Aparte de los alcaldes, fiscales de la UFECIC citaron a exdirectivos y funcionarios de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), que ahora se conoce como Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), para que rindan cuenta por los proyectos de adjudicación que fueron concesionados a las empresas ligadas a “Los Cachiros”.

Es de mencionar que el pasado 28 de mayo fueron denunciados por El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quienes adjuntaron un informe sobre el análisis de la suscripción y ejecución de 24 contratos fraccionados en el período 2010-2014 en la dirección de carreteras de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).

De los 24 contratos suscritos, un total de 17 fueron pagados por un monto que asciende a ciento cuatro millones ciento noventa mil seiscientos ochenta y cinco lempiras (L104, 190,685.00) y los cuales fueron adjudicados a empresas ligadas a“Los Cachiros”.

PAVIMENTACIONES “FANTASMAS”

Entre los hallazgos que tiene a detalle el informe que presentaron en la denuncia, se identificó que el 5 de octubre de 2010, las autoridades de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) efectuaron la adjudicación de 8 contratos fraccionados a la empresa antes descrita para la pavimentación de concreto hidráulico a calles ubicadas en el municipio de Tocoa, Colón; los montos totales de los contratos fraccionados de manera dolosa llegaron a sumar en un mismo día 13.4 millones de lempiras.

En cuanto al modo de operar de acuerdo al informe se corroboró que los montos no sobrepasaban la cantidad de 1,700,000.00 lempiras convenientemente con la intención de no llegar al monto de 1,800,000.00 lempiras; que según el artículo 31 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de la República vigentes para el año 2010, estipulaba dicha suma para realizar Licitación Pública; adicionalmente, a ello se confirmó que estos proyectos debían ejecutarse en la misma zona del casco urbano de la cuidad de Tocoa, lo que demuestra una clara práctica de fraccionamiento de contratos.

De la misma forma, se verificó en cada uno de los proyectos, donde lograron constatar la inexistencia de la obra y comprobándose de manera irrefutable el fraude en contra del Estado. Siendo esto un caso evidente de planificación para el concierto previo y mala fe por parte del representante de la Dirección General de Carreteras, quien certificó la falsa ejecución de los trabajos de pavimentación, con la cooperación del personal perteneciente a esta dependencia; es de hacer notar que: dentro del esquema de participación también se determinó la colaboración por parte de dos empresas más, quienes desempeñaron un papel necesario prestando su nombre para acreditar la realización de los proyectos que en realidad nunca fueron ejecutados, a pesar de todo, sí fueron efectivamente pagados con fondos públicos.

La colación de estos hechos deriva en un demostrado delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública, a través de prácticas falaces con el aprovechamiento de las funciones y altos cargos ostentados por los exfuncionarios denunciados y con la necesaria complicidad de empresas mercantiles que se prestaron a consolidar este andamio de corrupción forjado en la antigua Soptravi.