“Huella financiera” quemó a cabecilla y su hijo

Depósitos a las cuentas personales a tres de los encausados así como a 141 falsos beneficiarios con el salario beca, incluidas sus sobrinas Uris Vanessa y Claudia Fabiola Nieto Grádiz, quienes eran beneficiadas con el pago de becas, fue lo que al parecer “quemó” financieramente a la presunta cabecilla de la red de otorgamiento de becas “pandas”, la señora Doris Obdulia Grádiz Sevilla, acusada de 144 delitos de fraude y 144 de falsificación de documentos públicos.

De acuerdo al informe investigativo de los agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a las dos sobrinas les realizó más 9 transacciones financieras donde les depositaba fuertes sumas de dinero.

La misma acción, según lo que detalló uno de los encargados de la investigación, la encausada le inyectaba fondos a la cuenta personal de otro de los falsos becarios identificado como Noel Efraín Nieto Aguilar, quienes junto a Grádiz Sevilla fueron capturados el miércoles pasado por la ATIC en el marco de la Operación Dragón VI.

Al igual que las hermanas, Nieto Aguilar es acusado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), es acusado por el delito de cómplice del delito de fraude.

CUÑADO

Es de mencionar, que de acuerdo a los nexos entre los imputados del caso, el señor Noel Nieto Aguilar es el cuñado de Doris Grádiz Sevilla.

Las sobrinas de Grádiz Sevilla y Nieto Aguilar les dieron medidas cautelares, a pesar de que la petición de los fiscales ante el juez anticorrupción era la detención judicial por los implicados en el caso.

“La señora Doris en total realizó más de 12 transacciones, entre el período 2009 al 2016 para las dos sobrinas y para el señor Nieto Aguilar, a Claudia le hizo 5 transferencias por una maestría por salud pública complemento de 12 meses y otra por servicio social de enfermera por 12 meses, a Uris Vanessa le hizo cuatro transacciones y al hombre tres depósitos”, indicó uno de los agentes que está en el caso.

El hijo de Doris, Nelson Antonio Rivas Grádiz, acusado por el delito de cooperante necesario de fraude, está preso.

A TÁMARA

Un juez en materia de corrupción envió a dormir a Támara a la presunta líder, Doris Grádiz Sevilla, por 144 delitos de fraude e igual número por falsificación de documentos públicos.

La señora fue remitida a la cárcel de mujeres en la aldea de Támara, la misma “suerte” corrió su hijo, Nelson Antonio Rivas Grádiz, acusado por el delito de cooperante necesario de fraude.

En el caso de los imputados la excandidata a diputada por el Partido Nacional, Karla Regina Alfaro Vallejo, quien fungió como subgerente de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud y subgerente de Recursos Humanos (RR HH) período 2014 al 20 de mayo de 2015, Ricardo Enrique Lanza quien se desempeñó como jefe de Planillas de la Secretaría de Salud, Garys Corina Zelaya estuvo laborando como subgerente de RR HH en la Secretaría de Salud del 19 de mayo de 2015 al 31 de julio y del 31 de julio al 31 de diciembre de 2016 acusados por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, la juez les decretó libertad con medidas cautelares.

De acuerdo a lo que se plasmó en el requerimiento fiscal, estas personas están vinculadas al denominado caso de “otorgamiento de becas” en la Secretaría de Salud, donde de acuerdo a la investigación realizada por la ATIC, se constató que de 2009 a 2016 se pagaron de forma ilícita aparentes contratos de becas por servicio social a 144 personas sin ningún tipo de relación con la entidad sanitaria del país.

Las personas que recibieron estos pagos a través de acuerdos ministeriales que no tenían soporte, en ningún momento eran estudiantes de las carreras de medicina, odontología, química y farmacia entre otras áreas de salud, carreras establecidas en el decreto ley de otorgamiento de estas becas.

MÁS DE DIEZ MILLONES

Estos actos irregulares le costaron al Estado de Honduras bastante caro, de acuerdo a lo que se plasmó en el expediente del caso, debido a que causó un perjuicio económico de diez millones cuatrocientos cuarenta mil cien lempiras (L10,440,100.17).

El defensor de Ricardo Enrique Landa, abogado Javier Gómez, confirmó que la audiencia inicial será el domingo, “mi cliente no declaró en esta audiencia, él es acusado por violación de los deberes de los funcionarios, cuya pena es baja por lo que puede gozar una medida alterna, en este caso sustitutiva por lo que se le aplicó prohibición para salir del país y presentarse de forma periódica”.

Los cuatro encausados se encuentran en Támara guardando prisión a la espera de la audiencia inicial.

DETENCIÓN JUDICIAL

En cuanto a los cuatro exfuncionarios de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) que fueron presentados ante los tribunales anticorrupción, la juez les dictó a todos la medida de detención judicial por los delitos de fraude y abuso de autoridad relacionado a la compra irregular de un sistema de software para el área administrativa de la institución.

Detención para los señores Santos Ubaldo Cerrato Canales, acusado por los delitos de abuso de autoridad, fraude y tres delitos de usurpación de funciones, se desempeñó como gerente general de Banasupro.

También contra el exjefe de Administración y Recursos Humanos, Víctor Samuel Anchecta Castro, por los delitos de abuso de autoridad, fraude, falsificación ideológica de documentos públicos y usurpación de funciones.

Otro de los que fue enviado a Támara es el exjefe de la División Contable y Financiera, José Norman Canales Fúnez, acusado de falsificación ideológica de documentos públicos y 2 delitos de usurpación de funciones.

La única mujer en el caso quien era la exencargada de Bienes Nacionales, Claudia Monserrat Cáceres Zúniga, acusada de fraude a título de cómplice y 2 delitos de falsificación ideológica de documentos públicos, fue enviada a Támara con la misma medida de detención judicial.

Acciones de captura y procedimiento judicial partieron de un informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), revela que en el año 2010 los exfuncionarios realizaron la compra del sistema sin cumplir con las disposiciones legales establecidas ni con los documentos soportes de la adquisición. (XM)