Por Marcio Enrique Sierra Mejía
Entendemos que una doctrina policial es un conjunto de principios, valores y su consecuente teoría (ciencia policial) que tiene relación con la misión y funciones de la Policía, que aplicado al medio hondureño y teniendo en cuenta sus características y peculiaridades, genera métodos y procedimientos que norma las acciones destinadas a alcanzar una finalidad específica. Por su parte, la teoría es la síntesis de un saber determinado; un sistema de saber generalizado; una explicación sistemática de determinados aspectos de la realidad. Por lo tanto, no es lo mismo decir teoría que doctrina, pero ambas están estrechamente relacionadas. No hay doctrina sin teoría.
En el caso de Honduras, la nueva doctrina policial es una realidad que se construye bajo un marco doctrinario comunitarista, que enfatiza en los derechos humanos y se orienta a crear condiciones de buena convivencia para lograr la salud cívica necesaria para tener una apropiada seguridad ciudadana orientada al desarrollo incluyente.
Nuestra historia policial, indica que la doctrina policial fue lamentablemente dañada o simplemente despreciada por mucho tiempo o en una época identificable. Sin embargo, de poco a acá, observamos un despertar moral y una voluntad del Estado, para tomar la ruta correcta en materia de doctrina policial, que deja entrever, la vital importancia que le dan a la Policía Comunitaria y a la promoción de la salud cívica, bajo el marco teórico de la convivencia como finalidad del desarrollo humano.
El principal objetivo de la Policía en todo estado democrático, es el servicio a la comunidad, lo cual deriva en la protección a la población y garantía en el respeto a los derechos fundamentales, es así como para lograr este objetivo ahora mismo, se está fortaleciendo el espíritu de pertenencia institucional del empleado policial y la obligación del mismo frente a la comunidad, asumiendo liderazgos legítimos en medio de factores de riesgos potencializados, lo cual hace más admirable la labor bidireccional de Policía y comunidad.
Es importante resaltar, que es ineludible la coherencia que debe existir entre doctrina policial, comunitarismo y salud cívica, sobre todo porque el eje que los cruza y define es la “convivencia”, vinculada con la forma en que se resuelven los conflictos en la comunidad, con la justicia cotidiana a que tiene acceso la persona, con las relaciones interpersonales entre ciudadanía per se y con autoridades, para determinar si esas prácticas condicionan la buena o mala convivencia.
Así mismo, en la búsqueda de seguir concretando esa voluntad y de hacer realidad el despertar al que hemos llegado, se debe fortalecer una ruta de trabajo en prevención y atención en materia de seguridad que parta de un diagnóstico estructural multidimensional, que determine los retos existentes en: a) Doctrina policial, b) Comunitarismo, c) Salud cívica y en d) Convivencia; para construir un marco teórico referencial que propicie intervenciones estratégicas y efectivas.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) , en mayo del 2017, dio a conocer en su reporte # 4, que denominó “hacia una nueva Policía Nacional, recomendaciones sobre el proyecto de ley de la carrera policial”, en el que se plantea la necesidad de definir a la Policía Nacional como una verdadera Policía Comunitaria y que los derechos humanos se volviesen el centro de la función pública de seguridad, para el beneficio de la ciudadanía, claro está, sin embargo, en su reporte no recomendó en ningún momento fortalecer el respeto de los derechos humanos de nuestra Policía Nacional, puesto que, un empleado (a) policial será más eficiente y eficaz en su trabajo en la medida en que las garantías constitucionales, también estén activas para el (ella), pareciera que las personas que portan el uniforme policial no tienen esa condición humana que merece protección institucional, sobre todo bajo el enfoque comunitarista y de salud cívica.
Una vez fortalecida la Policía Nacional a lo interno, avanzamos a las mecánicas de interacción policial civil, que incidirán en la convivencia, para determinar el nivel de efectividad de esta práctica comunitaria. Es trascendental tomar en consideración la participación creciente de mujeres en el nivel local en el microtráfico, en zonas de baja presencia y control estatal, ya que esta actividad ilícita se vuelve fácilmente una estrategia de supervivencia adoptada por mujeres con jefatura de hogar e incluso por personas de tercera edad de escasos recursos, por lo cual estas personas, abandonan sus ocupaciones previas dado que esta actividad ilegal les genera ingresos sustancialmente mayores (Arriagada y Hopenhayn, CEPAL, Santiago de Chile, 2000).
En consecuencia, necesitamos analizar seriamente la convivencia en todas sus formas de expresión, es decir buenas o malas, para poder transitar a una etapa en la que los instrumentos de satisfacción vayan conforme a las necesidades sociales imperantes.