Declaran sin lugar recurso de nulidad por investigación de la ATIC

La juez en materia de Corrupción a cargo del caso, declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto ayer por la defensa de los ocho encausados supuestamente vinculados a una red dedicada al otorgamiento de becas de manera fraudulentas a 144 falsos estudiantes de las carreras de medicina, química y farmacia, odontología, entre otras.

En ese sentido, los encausados en este caso son señalados por suponerlos responsables de los delitos de fraude, falsificación de documentos y violación a los deberes de los funcionarios.

Los imputados son Doris Obdulia Grádiz Sevilla acusada de 144 delitos de fraude y 144 de falsificación de documentos públicos, al igual que su hijo, Nelson Antonio Rivas Grádiz acusado por el delito de cooperante necesario de fraude cuenta, ambos están con medida de detención judicial.

Otros de los acusados que cuentan con medidas distintas a la detención judicial en este caso, son Karla Regina Alfaro Vallejo, excandidata a diputada por el Partido Nacional, Ricardo Enrique Lanza y Garys Corina Zelaya, acusados por violación de los deberes de los funcionarios, ilícito que amerita esta condición judicial.

Por este mismo caso, se encuentran las sobrinas de Doris Grádiz, las jóvenes Uris Vanessa y Claudia Fabiola Nieto Grádiz beneficiadas con el pago de becas y a Noel Efraín Nieto Aguilar, todos acusados por el delito de cómplice del delito de fraude, las mismas están con medidas distintas a la detención judicial.

Tras una extensa audiencia inicial que anoche continuaba porque se comenzaría analizar la carga probatoria presentada por las partes, hoy se conocerá si la juez emitirá su resolución o la fecha donde se conocerá la misma.

Durante la tarde de ayer, la juez decretó sin lugar el recurso de nulidad presentado por la defensa técnica de los encausados.

Lucía Villars, portavoz de la Corte Suprema de Justicia detalló que “se declaró sin lugar el recurso que interpusieron las defensas de los encausados ya que los mismos alegaban que la Agencia Técnica de Investigación Criminal al parecer no tenía por qué realizar las investigaciones en este caso.

De la misma manera, comunicó que de acuerdo al alegato de la defensa el ente competente para realizar todo tipo de indagaciones era la DPI, por lo que al conocer que les dieron no ha lugar, interpusieron un recurso de reposición que también fue declarado sin lugar, por lo que se continuó con la audiencia”.

Asimismo, anoche Villars confirmó que hoy se podría dar la resolución de este caso.

De acuerdo a lo que detalla el expediente, los ocho encausados están vinculados al denominado caso de “otorgamiento de becas” en la Secretaría de Salud, donde de acuerdo a la investigación realizada por la ATIC, se constató que de 2009 a 2016 se pagaron de forma ilícita aparentes contratos de becas por servicio social a 144 personas sin ningún tipo de relación con la entidad sanitaria del país.

Las personas que recibieron estos pagos a través de acuerdos ministeriales que no tenían soporte, en ningún momento eran estudiantes de las carreras de medicina, odontología, química y farmacia entre otras áreas de Salud, carreras establecidas en el Decreto Ley de otorgamiento de estas becas.

Estos actos irregulares, le costó al Estado de Honduras bastante caro, de acuerdo a lo que se plasmó en el expediente del caso, debido a que causó un perjuicio económico de diez millones cuatrocientos cuarenta mil cien lempiras (L10, 440,100.17).

Los escenarios judiciales en este caso, son un auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión para seis de los encausados que se defienden actualmente en libertad o un sobreseimiento provisional o definitivo.

Mientras tanto, para los dos principales sospechosos de cometer el ilícito penal de otorgamiento de becas de manera fraudulenta les podrían dar un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva o sobreseimiento provisional. (XM)