Un sobreseimiento provisional, uno definitivo o un auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión, son los escenarios jurídicos que podría resolver el juez natural, Rafael Bustillo, hoy, tras leer a las partes la resolución del caso penal contra los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda, acusados por cometer supuestamente los ilícitos penales de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.
La acusación contra los congresistas fue presentada por el Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), el pasado 24 de mayo, durante esta semana se celebró la audiencia inicial, anoche se daban a conocer las conclusiones de las partes tras evacuar la carga probatoria presentada por la defensa técnica de los encausados así como la del ente fiscal.
Tras culminar la audiencia inicial el miércoles pasado, el defensor de los dos diputados, Félix Ávila, dijo que “se evacuaron todos los medios de prueba, de ambas partes, proyectamos lo que corresponda, escuchar los testigos, analizar y leer la prueba documental”.
“Nuestra pretensión es que los delitos sean desestimados y se dicte un sobreseimiento definitivo en todos los casos o que el juez dicte una resolución admitiendo la falta de acción, se concluyó con todas las partes que corresponde”, indicó Ávila.
Del mismo modo, “hicimos una defensa de forma excepción de falta de acción y de fondo sobre las pruebas que se han presentado y los alegatos en el sentido que los delitos que acusa el Ministerio Público son inexistentes, no concurren en este caso”, por lo tanto deberán de dictar un sobreseimiento definitivo.
“Insistimos, porque estamos convencidos que es la función legislativa la labor de los diputados de hacer las leyes no es generativa de responsabilidades penales, las leyes pueden ser discutidas, controvertidas, como alegadas y contrarias a la Constitución y el órgano competente es la Sala Constitucional y no es la sede penal ordinaria la competente para enjuiciar el actuar de los diputados, una función legislativa es una acción inviolable”, explicó.
El diputado Tomás Zambrano, expresó que todo lo que suceda hoy “lo dejo en manos de Dios, vamos a demostrar el estado de inocencia de nosotros”.
TESTIGOS
El vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que entre los testigos del caso de los diputados fueron presentados, el actual jefe de bancada del Partido Nacional, Mario Pérez y el director de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, César Cáceres, así como otra persona más que labora en la Secretaría del Congreso Nacional.
La UFECIC presentó un requerimiento fiscal contra ambos diputados, por el denominado caso «Pacto de Impunidad», acción judicial que fue comunicada por los personeros de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), quien propuso al Ministerio Público que este caso fuera remitido a UFECIC.
Todo con el fin de ser investigado por los equipos integrados de investigación y persecución penal, hallando indicios suficientes que se trataría de una aprobación anómala de la Ley de Presupuesto, en donde los ahora requeridos supuestamente habrían realizado conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno del Congreso, con la presunta finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos.
Ante este hecho se produjeron diversas denuncias públicas, por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una fe de erratas el día 25 de enero, publicada el día 26 de enero en el Diario Oficial La Gaceta, pretendiendo explicar que lo ocurrido sería producto de «un simple error» y no de un presunto acto premeditado que, para ese momento, ya había provocado consecuencias jurídicas.
Sin embargo, la «fe de erratas» sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado de investigación y persecución penal decidió la formulación del requerimiento fiscal por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno.
Las grabaciones de la asamblea legislativa en donde se aprobó el polémico decreto legislativo “Ley del Presupuesto”, fueron analizadas por los equipos investigativos que cuenta la UFECIC y que se desprenden de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), donde los diputados al parecer dieron lectura al documento y varios de los puntos que fueron dados a conocer no se encuentran planteados en la normativa. (XM)