Por Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario
Las intenciones de JOH y de su círculo gobernante han resultado: lo peor de la crisis política ya es historia, los ánimos se han calmado y el diálogo no ha comenzado. Más de seis meses de tácticas dilatorias encaminadas a quitarle fuerzas a un proceso que en el momento más grave de la crisis obligaba al círculo gobernante a rendir cuentas, a respetar la voluntad de la ciudadanía y a aceptar profundas reformas. Ante esta parálisis, es hora entonces de darle un nuevo carácter a lo que se ha dado en llamar diálogo nacional y convertirlo en un espacio donde las organizaciones del país especializadas ubiquen en la agenda las reformas políticas necesarias.
No fueran insignificantes las cosas que ocurrieron en Honduras y que obligaron a pensar en una instancia de emergencia fuera del control del gobierno. Recordemos. Se realizaron elecciones inmersas en una ilegalidad sin precedentes es decir con un Presidente en ejercicio aspirando en contra de lo que estipula la Constitución de la República a un nuevo período presidencial. Además, las elecciones estuvieron marcadas por graves denuncias de fraude ante resultados poco creíbles que a última hora revirtieron drásticamente las tendencias iniciales. Las protestas y violencia callejera posterior fue resultado de ese descontento ante un candidato ilegal y un proceso fraudulento. La respuesta gubernamental fue la represión.
Estaba claro en aquél momento de crisis de lo que necesitábamos en el país. En primer lugar, era de importancia contar con resultados electorales auténticos que eliminaran el fraude producido en el procesamiento de la información electoral. Era necesario aclarar los abusos cometidos por las autoridades militares y policiales reprimiendo las manifestaciones de la gente en las calles. Pero también era de suma importancia obligar en aquel momento al partido gobernante a aceptar las muy necesitadas reformas electorales que conducirán a mejorar la calidad de las elecciones y legitimar a los electos. El llamado a un diálogo nacional cayó en tierra fértil y fue apoyado por diferentes sectores de nuestro país que midieron el potencial destructivo de lo que había acontecido en Honduras durante el año 2017. Aunque el mecanismo que lo impulsaría desde un principio generó controversias existió un consenso sobre la necesidad de impulsar una agenda que ninguno de los poderes del Estado impulsaría por sus propias motivaciones.
Sin embargo, todo el proceso se empantanó por las acciones del partido gobernante y las incoherencias de una parte de la oposición que no supo unir criterios ni ver en esto una oportunidad para reorientar la agenda política del país. Enfriados los ánimos y ante la ausencia de un movimiento cívico en las calles ahora el país está a merced de los caprichos del partido de gobierno que ahora exige un diálogo político que impulse las reformas a su gusto y antojo.
Es momento de darle un nuevo carácter al proceso iniciado. Las razones para emprenderlo siguen estando allí debilitando las bases de la nación. La corrupción en la política sigue enseñoreada; las huellas del narcotráfico y el crimen organizado llegan hasta los más altos círculos del poder político; el irrespeto a la Constitución es la marca indeleble de los tres poderes del Estado; los resultados electorales tienen suficientes indicios para calificarlos de sucios y manipulados. Es necesario entonces enriquecer el proceso de diálogo dando mayor participación a sectores de la sociedad hondureña que pueden aportar a la solución de la crisis que se esconde detrás de esa tranquilidad superficial. Importante es que desde esta instancia de diálogo y propuestas se ponga sobre la mesa los reclamos de reforma que han venido impulsándose desde organizaciones especializadas en reformas electorales, adecentamiento de la justicia, lucha anticorrupción y respeto a los derechos humanos. Pongamos la búsqueda de soluciones en un contexto más cercano a nuestra gente y le estaremos dando un impulso auténtico al proceso de diálogo que tanto necesitamos.