Derecho con extorsión

Por: Mario E. Fumero

Últimamente se ha optado por reclamar derechos, lógicos y justificables, usando la técnica muy difundida en Honduras de la extorsión y el chantaje. Todo el mundo acude a la extorsión para obtener lo que quiere, aún en las iglesias, hay pastores que extorsionan a la gente, dándole amenazas, si no cumplen o hacen lo que ellos demandan o piden.

Pero definamos que significa el término extorsión: La extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona, empresa o estado, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico, con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo. De manera que cuando reclamamos un derecho y adoptamos actitudes contrarias a lo legal, estamos acudiendo a la extorsión para obtener aquello que deseamos.

Recientemente el rumbo del transporte reclamó un derecho lógico debido a que en sus utilidades son reducidas por el alza de los carburantes y el aumento de los repuestos para los vehículos. El Estado no ha probado un aumento de las tarifas, y los dueños del transporte han visto reducir sus ganancias, por el incremento del combustible, y han demandado ante el gobierno reconsiderar las tarifas, o reducir el precio del combustible. ? En vista de no hallar una respuesta, los dueños de taxis y buses optaron por un derecho jurídico, ir a huelga. Sin embargo, no conforme con paralizar todo el transporte de buses y taxis a nivel nacional, se han dedicado a bloquear todas las entradas a las ciudades y las arterias principales, ocasionando una serie de inconvenientes para la libre circulación de todos aquellos, que, teniendo a los propios vehículos, o prestaron servicio social, se han quedado parados, negándose el derecho constitucional a la libre circulación, al trabajo, a la salud y a estudiar.

Esta acción de presión no es una huelga, sino un chantaje o una forma de extorsionar al gobierno para obtener lo que exigen, afectando a todo el pueblo, con lo cual dicen que, si no se le da lo que piden, paralizan al país, y colapsarán la economía. ¿Hasta que punto se puede tolerar que una parte de la sociedad reclame un derecho, perjudique a los demás? Cuando le negamos el derecho a las personas a circular a su trabajo, hospitales, escuelas por sus propios medios ¿no estamos cometiendo una violación al derecho de los demás y usando la extorsión hacia el gobierno?

Es cierto que los transportistas reclaman un derecho lógico y justo, y el Estado debe dar una respuesta, ya que al permitir el aumento del costo de los combustibles y repuestos, también tienen que reconocer el derecho de los transportistas para ajustar las tarifas a la realidad del costo de la vida de los trabajadores del transporte. Sin duda alguna todos somos conscientes que cuando el combustible sube, se lleva de encuentro a toda la economía nacional, porque, al fin y al cabo, todo se mueve por medio de la energía y si sube el diesel, se disparan todos los productos de la canasta básica también.

El precio de los carburantes no es un problema nacional, sino mundial, y es más agudo en aquellos países que carecen de esta materia prima y son dependientes de exportarlos. La solución a este problema del transporte es crear el libre mercado, o sea, que haya libertad de precio con competencia, y que el Estado pueda crear su propio sistema de transporte, como lo hacen muchos países, ya que aquellos rubros que sean vitales para la economía de un país, deben ser controlados o ejecutados por el Estado. En los Estados Unidos el transporte urbano es manejado por las alcaldías o ciudades, y en Europa por el gobierno central y las municipalidades. Cuando el transporte está en manos de particulares, y el estado controla los precios, es lógico que ocurran estos fenómenos, pero no se debe permitir la extorsión, a la hora de reclamar lo que en sí es justo.

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