Por Óscar Lanza Rosales
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Hoy voy a complementar brevemente, lo que dije en la primera parte de la publicación “Elites, redes sociales y régimen político en Honduras”, del historiador hondureño, Marvin Barahona, con el patrocinio de Oxfam y un equipo de reflexión de la Compañía de Jesús.
Una publicación que tiene como objetivo, estudiar los mecanismos y estrategias utilizadas por las élites hondureñas en los últimos 30 años, para traslapar o fusionar lo económico, político y social, y construir una élite poderosa y de poder absoluto, en el que resulta difícil distinguir entre lo lícito y lo ilícito, lo legal y lo ilegal, lo legítimo, y lo ilegítimo. Un proceso para reorientar radicalmente las funciones del Estado, a su servicio exclusivo y facilitar a las redes del narcotráfico y crimen organizado a insertarse en las actividades económicas y políticas de la sociedad hondureña.
Un proceso de transformación de las élites, que tuvo un período de transición, desde 1982 en su dimensión política hasta 1990 en el plano económico, con la toma de medidas neoliberales, y que utilizó la élite, disfrazada de éxito empresarial, para la conducción de la transición política y económica, y para apropiarse lícita o ilícitamente de los recursos del país.
Ya mencionamos como evidencia de la reconfiguración de las élites hondureñas, las revelaciones hechas en tribunales de los Estados Unidos (EUA) por líderes de organizaciones ilícitas; las reformas económicas, legales e institucionales introducidas en la década de 1990; la elevada concentración de capitales en un reducido número de familias y grupos, dedicados a la exportación y a la inversión nacional y extranjera, en contraste con una población mayoritaria en la extrema pobreza, sometida a un control social y político.
Otras evidencias de esa reconfiguración de las élites, son las siguientes:
El Estado se ha vuelto promotor y protector del capital, diseñando una política concesionaria a la medida de los intereses y beneficios que persiguen los principales inversionistas nacionales y extranjeros.
A partir de 1990 han surgido innumerables y variadas redes de poder, lo cual ha desnaturalizado el quehacer estatal, creando un nuevo esquema de enriquecimiento ilícito y sostenido de la corrupción pública, como el caso del IHSS, del Grupo Continental y del financiamiento de los partidos políticos, que refleja los vínculos entre las redes de poder.
La transición política tuvo como escenario principal la representación política en el Congreso Nacional, con la elección frecuente de diputados, lo mismo que con los alcaldes.
Las redes ilícitas han destacado con métodos de organización y acción innovadores, para insertarse exitosamente en las actividades económicas y políticas de la sociedad hondureña.
Desde finales del siglo 20 e inicios del siglo 21, se registró en la economía hondureña, un masivo ingreso de capitales de origen dudoso, generado por el tráfico de drogas y el crimen organizado. Y que según el Departamento del Tesoro de los EUA, contó con el apoyo ilegal de algunas entidades bancarias y financieras de Honduras, que contribuyeron a aumentar la circulación de recursos financieros, y dinamizar otros circuitos económicos a escala regional y local.
La falta de transparencia y ausencia de rendición de cuentas, y la prisa excesiva en otorgar concesiones y asignar proyectos estatales al sector privado, en el caso Coalianza, desde su creación en 2010 hasta 2016, ha aumentado la sospecha popular sobre los manejos indebidos de esta entidad.
La lenta acción de los operadores de justicia ante los delitos de las organizaciones ilegales y sus cabecillas, así como la crisis en que se ha visto inmerso la Policía Nacional, inducen a pensar en la existencia de sólidos vínculos entre sectores claves de la institucionalidad y esas redes delictivas.
Para alcanzar los elevados indicadores que muestra Honduras, en materia de violencia, se requirió de un proceso previo de desvalorización de la vida; de desatención de los jóvenes, las mujeres y los sectores marginados de la ciudad y el campo, por parte del Estado.
Según el estudio, el golpe de estado de 2009 representó un giro importante de la política y la economía hacia formas más radicales y menos democráticas en la administración de los bienes públicos.
Así que estas élites insaciables, como las califica Insight Crime, o cleptocráticas (donde prima el interés por el enriquecimiento a costa de bienes públicos), según Sarah Chayes, son las que toman las decisiones por el pueblo hondureño, con la complicidad de un Estado, dedicado a servirles con exclusividad, y que ha abandonado sus responsabilidades, principalmente con la mayoría de los pobres. ¡Esa es la realidad!