Managua.- El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, agradeció hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) la creación de un «grupo de trabajo» para Nicaragua, donde se mantienen las protestas contra el Gobierno por la crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos desde abril.
«Gracias a los países del continente americano que han apoyado, sin menoscabo de la soberanía nacional (…) para dar seguimiento y apoyar una solución pacífica a la crisis de Nicaragua», dijo Báez.
Con 20 votos a favor, cuatro en contra, ocho abstenciones y dos ausencias, la OEA aprobó este jueves la creación de un «grupo de trabajo» para la «búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles» a la crisis más sangrienta en Nicaragua desde los años 80, reflejada en ataques del Gobierno a las personas que protestan contra el presidente Daniel Ortega.
En concreto, según la resolución del organismo, el «grupo de trabajo» dará su apoyo al diálogo en el país con «medidas de apoyo, acompañamiento y verificación», en coordinación con los esfuerzos en curso de la OEA, así como del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), organismo que se baraja como nuevo garante del diálogo.
La decisión, que se tomó horas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevara a 317 el número de muertos por la crisis, recibió el apoyo de la Alianza Cívica, que participa en un diálogo con el Gobierno.
Ese respaldo lo compartió el director de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, José Miguel Vivanco, quien consideró «histórica» la creación del «grupo de trabajo» de la OEA, ya que «no tiene realmente antecedentes en esta organización».
Sin embargo, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, advirtió que su Estado «no va a permitir que llegue al país, al territorio, ningún grupo de trabajo creado por el Consejo Permanente de la OEA».
Mientras se llevaba a cabo la sesión en Washington, los estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA), de administración jesuita, realizaron un plantón para reclamar a Ortega la entrega de fondos públicos que por ley le pertenece y que le había sido negada luego de que las autoridades universitarias dieron refugio a manifestantes durante un ataque armado de policías y parapolicías oficialistas.
Aunque el Gobierno rectificó su decisión sobre la UCA y prometió realizar los desembolsos, los estudiantes reclamaron ante lo que consideran una forma de represión por parte del presidente Ortega.
«Esa operación de urgencia no es más que otro intento de Daniel Ortega de manipularnos», dijo a Efe el estudiante de la UCA Juan Carlos Chávez.
En el marco de la crisis, un grupo de mujeres notables de Nicaragua, encabezadas por la poeta y escritora Gioconda Belli, solicitó al jefe del Ejército, Julio César Avilés, que «proceda a desarmar a los grupos parapoliciales que usurpan sus funciones» para «realizar actos criminales en contra de la población civil».
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura, detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes», lo que Ortega ha negado.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que quienes se oponen al Gobierno de su esposo «tienen el alma desgraciadamente intoxicada o envenenada».
Horas antes al menos una veintena de médicos de los departamentos (provincias) de Jinotepe y Masaya denunciaron haber sido destituidos por atender a manifestantes heridos en ataques del Gobierno.
Las protestas contra Ortega y su esposa se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. EFE