En la Sala IV del Tribunal de Sentencia inició ayer el juicio oral y público contra la exjuez de Jurisdicción Nacional, Liz María Núñez Cardona, por suponerla responsable de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, en perjuicio de la administración pública, por el caso denominado “Shalom”.
De acuerdo a lo que argumenta el Ministerio Público, Núñez Cardona dictó una resolución para supuestamente beneficiar a Dennys Donadyn Bonilla García y a Carlos Roberto Bonillo. El primero fue acusado por los delitos de almacenamiento ilegal de armas y municiones comerciales, y almacenamiento de armas prohibidas, mientras que el último, de lavado de activos y almacenamiento de arma prohibida y municiones.
Los antes mencionados son familiares del exvicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura. Teodoro Bonilla Euceda, en el cuarto grado de consanguinidad.
Por este mismo caso, Bonilla Euceda fue condenado a seis años de prisión por el delito de tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública, hay otro proceso abierto en su contra por los delitos de malversación de caudales públicos junto a los demás exintegrantes del Consejo de la Judicatura.
NEGARON ESTRICTA
El Tribunal de Sentencia preguntó a las partes si se someterían a una estricta conformidad, pero al parecer, las máximas autoridades del ente acusador se negaron a la misma.
A eso de las 11:20 de la mañana, se inició el juicio oral y público, conociendo los incidentes y nulidades, donde ambas partes, tanto la defensa privada de la encausada, como el Ministerio Público, hicieron uso de ese recurso.
El tribunal dio a conocer que los medios de prueba admitidos al Ministerio Público fue la declaración de María Victoria Cerna, fiscal del Ministerio Público.
En ese sentido, la defensa objetó esa solicitud de admisión porque a ellos no les permitieron que estuviera en calidad de testigo el abogado René Altamirano, en la audiencia anterior.
Otra de las admisiones fueron unos errores de dedo y de fecha, que ambas partes pidieron, en el caso del MP, señaló el error en el decreto número 215-2013, que por error lo escribieron 2015.
Tras evacuar la primera parte, se suspendió el juicio y se reanudó a la 1:30 de la tarde, para evacuar los medios de prueba del Ministerio Público en este caso con las declaraciones de Ada Mass Herrera, Ronald Evelio Banegas y Victoria Cerna.
Al salir de la sala, el abogado defensor de Núñez, Raúl Suazo Barillas expresó que “es importante no solo las escuchas propuestas por el Ministerio Público, sino la resolución judicial que nuestra representada emitió, vamos a demostrar en el juicio claramente que el Ministerio Público ha faltado a la objetividad, no solamente con la proposición de medios de prueba y las aseveraciones que están haciendo sino al desarrollo de la audiencia preliminar donde la abogada Liz María Núñez tomó una determinación”.
Continuó que “en la audiencia inicial la defensa de los encausados por los que ahora mi defendida fue acusada presentaron medios de prueba, informes financieros y que el ente fiscal no quiso durante más de 60 días analizar e interpretar o en el caso solicitar las situaciones que debió de haberlo hecho con un perito financiero”.
“Hay una situación de un arma en el caso que solo se le podía imputar a una persona y se lo querían imputar a varias, la resolución de ella, está plenamente motivada y fundamentada en la audiencia preliminar”, indicó.
Sin embargo dijo que “demostraremos que no existe el delito de prevaricato con las mismas pruebas presentadas por el Ministerio Público, queremos también señalar que con las mismas escuchas que se ventilarán hoy quedará evidenciado que la resolución emitida por mi representada está basado en Derecho en conformidad con los medios de prueba presentados en la audiencia inicial”.
DESARROLLO DEL JUICIO
De acuerdo a lo que trascendió del juicio, Ada Mass Herrera expresó ante el Tribunal que recibió una visita de una funcionaria pública que preguntó por unos inmuebles incautados a Gloria Monsalbe y Alex Emilio Oliva, acción que la motivó a que pusiera en alerta a sus superiores y posteriormente se ordenaran las escuchas.
Seguido de Herrera fue llamado a rendir su declaración ante el tribunal al fiscal Ronald Evelio Banegas, quien dijo que se dieron cuenta que los imputados del caso “Shalom” eran parientes de Teodoro Bonilla, hasta después de la audiencia inicial porque al parecer la juez Delmy López le dijo que tenía presiones de arriba.
En cuanto a la comparecencia de la abogada María Victoria Cerna declaró que ella era la que llevaba ese proceso penal contra los dos encausados en el caso “Shalom” y que estuvo en la audiencia inicial pero durante el desarrollo de la audiencia preliminar no estuvo, añadió además que la defensa de los dos señalados presentó medios de prueba que luego en juicio oral y público fueron desvirtuados.
Durante el juicio se ratificó el informe brindado por la agente de investigación Dora Bonilla para acreditar que Carlos Roberto Bonilla y Dennys Bonilla guardan parentesco en el cuarto grado de consanguinidad con el exconcejal Teodoro Bonilla.
A eso de las 4:00 de la tarde se suspendió el juicio para reanudarlo hoy a las 10:00 de la mañana para iniciar con la prueba documental, en este caso con el dictamen de análisis Link ratificado por la perito Norma Garay que se refiere a las llamadas.
Además del dictamen de extracción de escuchas telefónicas, también a ratificar por la perito en mención, en esas escuchas se ventilarán las órdenes que el exconcejal en cierta manera ejerció en la imputada Liz Núñez así como en la otra encausada por este caso Delmy López. (XM)