Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario
Lo que ocurre es novedoso. Por primera vez, el sistema de impunidad se ve amenazado seriamente.
Cuando nació el MP se hizo cuanto se pudo para combatir la impunidad. Sin embargo, las leyes procesales y la cultura judicial conspiraban contra estos ímpetus. Pese a estos obstáculos, la desestimación de las acciones judiciales no fue posible sin el apoyo del Legislativo. En efecto, acudieron al expediente que hoy recurren. Emitieron una ley para, lo que llamaron eufemísticamente, “la depuración del sistema Procesal Penal Inquisitivo”, con la excusa de que era necesario terminar con la mora judicial para que los jueces pudiesen atender holgadamente los casos que surgieran al amparo del nuevo Código Procesal Penal, con el que se sustituía el aprobado en tiempos de don Manuel Bonilla, en 1906.
Esa es la “Ley Especial de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal”, emitida el año 2002. Invocando esta ley sobreseyeron todas las causas contra los corruptos y los violadores de derechos humanos iniciadas por el MP en la década de los noventa, fundamentándose en que eran expedientes viejos y que constituían mora judicial. Es decir, se juzgó el expediente, no la causa judicial.
Estamos en otros tiempos. Se ha introducido un nuevo factor, hasta ahora desconocido en el país, en la lucha contra la impunidad: atacar las denominadas “redes de corrupción”. Con esta estrategia las prácticas corruptas de las élites políticas quedan al descubierto y estas, por primera vez, se sienten seriamente amenazadas. En algunos países, con los operadores de justicia nacional ha sido suficiente para acometer esta empresa, como en Costa Rica y El Salvador; en otros, ha sido necesario el acompañamiento externo, como en Guatemala y Honduras.
En el caso nuestro, el pueblo indignado y a la luz de las antorchas, logró desde las calles, que se estableciera la MACCIH, cuyos denodados y pacientes esfuerzos permitieron instituir mecanismos operativos en el seno del MP (UFECIC) y del Poder Judicial (juzgados anticorrupción), cuya eficiencia y eficacia tienen temblando a las élites corruptas del país.
Con esta novedosa estrategia se puso en evidencia que en esas redes de corrupción participan los políticos de todos los partidos, viejos o nuevos, conservadores o autodenominados “revolucionarios”, y también empresarios muy poderosos, por supuesto. Lo que ha sido posible porque el binomio MACCIH-UFECIC actúa al margen de las influencias políticas partidistas, goza de una relativa independencia de la superioridad jerárquica del MP y, lo más importante, cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, particularmente del gobierno de Estados Unidos, que, con la llegada del “huracán Trump”, se introdujo la variante de que la corrupción se considera como causa de emigración ilegal desde estos países.
Hasta la misma Corte Suprema de Justicia ha cambiado su comportamiento, como consecuencia de esa intervención gringa. De no dudar en poner en riesgo su prestigio, apoyando causas vergonzosas como el “pacto de impunidad”, los magistrados pasaron, en ese mismo caso, a cuestionarlo con una decisión del tribunal de apelación pidiendo se declare su inconstitucionalidad. Cambio radical, que solo se explica por la actitud de la comunidad internacional, particularmente por las veladas o explícitas amenazas de la embajada gringa, en apoyo a ese binomio.
UFECIC ha sido un éxito, sin duda. Es mérito suyo que el MP haya recobrado sus ímpetus originales, pero ha acumulado más logros que los obtenidos por el MP en su historia, acorralando con éxito a las élites políticas corruptas del país.
Por eso no debe extrañarnos las conspiraciones en su contra. Desde el poder, las élites corruptas, sin importarles ponerse al descubierto, urden todo tipo de tramas para desmontar esa estructura. En Guatemala, los intentos de terminar con la CICIG se han frustrado gracias al pueblo guatemalteco, hasta ahora; sin embargo, con la última arremetida de su gobierno, medida desesperada del gobernante para evitar la cárcel, parece que lo lograrán, sin importarles la clara amenaza del gobierno de Estados Unidos por la arbitraria medida.
En nuestro patio, las amenazas gringas tienen efecto, afortunadamente. El gobierno es muy débil financieramente para enfrentar el imperio y los funcionarios muy adictos a las compras en Miami como para arriesgar su visa. Además, son conscientes de que existe el peligro de aparecer en esa lista de corruptos que en 180 días se entregará a los legisladores, con las fatales consecuencias que se advierten.
Lo que sí resulta evidente es que, mientras las élites corruptas sufren, el pueblo hondureño se regodea y ve, por primera vez, la posibilidad real de que sean castigados por la justicia.