Por Marcio Enrique Sierra Mejía
Necesitamos emprender una reflexión que implique poner sobre la mesa la conceptualización básica de justicia penal restaurativa, con el fin de fijar un punto de partida necesario, que nos permita visualizar lo que debería ser y contrastar con la realidad para medir los avances o retrocesos que en dicha materia hemos alcanzado; asimismo, es importante dejar claramente establecida la relación que existe entre el Sistema de Justicia Penal, con la seguridad ciudadana y con la corrupción, haciendo el respectivo enfoque diferenciado en cuanto a que la seguridad ciudadana es el efecto de la funcionalidad o disfuncionalidad del sistema de justicia de un país, en cambio la corrupción es como el insecto que corroe los cimientos de la justicia aplicada, y genera el fenómeno de la impunidad que tanto daño ocasiona a nuestras sociedades.
Al Estado de Honduras lo peor que le puede ocurrir es que su andamiaje jurídico penal sea penetrado por la corrupción, y específicamente, estar bajo las garras del crimen organizado o de asociaciones ilícitas que manejan enormes volúmenes de recursos financieros. Un estado bajo tales condiciones puede convertirse en un estado fallido, y consecuentemente, llevar a la ruina cualquier intento de desarrollo de la convivencia y la seguridad ciudadana.
La seguridad pública en nuestro Estado de Derecho que tiene como referente al ciudadano (a) y sus libertades, puede estar enfrentando ciertos inconvenientes en su acción en contra de la violencia en la calle, y perder efectividad en la política contra la criminalidad, porque pareciera que el derecho penal del enemigo ha cobrado auge provocándose una disparidad de esfuerzos entre las instituciones que conforman el Sistema de Justicia Penal.
Actualmente en nuestro país, existe la necesidad de vinculación entre los conceptos de seguridad pública y jurídica, pues para el buen funcionamiento del sistema penal hondureño debe existir sincronización entre todos los actores protagónicos de este proceso, lo cual implica, se hagan esfuerzos inteligentes y de mutuo apoyo entre ambos sectores a fin de eficientar dichos servicios estatales.
Sin perjuicio de la necesidad evidenciada y los esfuerzos importantes que se están haciendo por parte del actual gobierno, es necesario generar condiciones de emparejamiento del ritmo de esfuerzo y resultados en todos (as) los operadores del sistema de seguridad y el de justicia penal del país, pues solo así se podrá lograr evolucionar en la construcción de una ciudadanía libre del miedo, de la miseria y de la indignidad.
No cabe duda de que los delitos de corrupción, y las prácticas corruptas en el sistema judicial en general, están a la vista en el actual contexto de Honduras, afectando al propio sistema institucional, porque se están produciendo decisiones penales condicionadas o motivadas por razones diferentes al interés general. Es claro que el ejercicio del Poder Judicial no puede transformarse en una suerte de compraventa de las decisiones, pues ello supone un palmario alejamiento de los principios del estado democrático de derecho.
El andamiaje jurídico penal en Honduras tuvo un avance importante, cuando el sistema judicial penal, pasó de un sistema inquisitivo a un sistema de oralidad garantista del respeto a los derechos de las personas procesadas, naturalmente se dio una etapa de transición que permitió salir del retraso procesal y consolidar las bases del ejercicio judicial-penal que hoy en día poseemos, sin embargo como todo proceso, tiene enormes desafíos que serán oportunidades de crecimiento institucional para alcanzar niveles de satisfacción aceptables con las necesidades de las víctimas y procurando llevar a la readaptación del victimario y el reconocimiento de sus responsabilidades para con las víctimas al igual que con la sociedad.
En virtud de lo anterior, es importante mencionar el buen manejo estatal que actualmente se está implementando en el Sistema Nacional Penitenciario, en el cual los privados de libertad están en instalaciones físicas que conforme a las leyes nacionales e internacionales garantizan sus derechos básicos a la salud, alimentación y otros que fueren considerados por el togado, según la aplicación de la norma general al caso concreto en la sentencia o medida ordenada por juez competente.
Finalmente, los actores del Sistema de Justicia Penal y de la seguridad pública deberían ser personas de un alto perfil ético y especializado, cuidadosamente seleccionados para ocupar todas aquellas posiciones que estén contempladas en dichos sistemas; asimismo, se debe trabajar en la identificación de los actores confabulados con el crimen organizado que tanto daño hacen a lo interno del sistema penal y ampliar los espacios en donde se practiquen las depuraciones.