Por Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno
Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial
La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, es una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América en el año 2016 que permite al gobierno de dicho país, imponer sanciones financieras y restricciones de visa a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción en el seno de sus países de origen. La misma fue inspirada por la “Ley Magnitsky” que sirvió para sancionar a funcionarios rusos del gobierno de Vladimir Putin acusados de participar en la muerte del contador Sergei Magnitsky fallecido en la cárcel luego de investigar un supuesto fraude fiscal en el gobierno ruso.
La actual Ley Magnitsky ha sido aplicada a personas de distintas nacionalidades, incluyendo al presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, acusado de corrupción, fraude electoral y violaciones a los derechos humanos, así como a otros tres funcionarios del hermano país. En el caso de Honduras, se menciona que la misma ha sido aplicada a varios de los involucrados en algunos de los recientes casos de corrupción, tales como “Pandora, “red de diputados” y “pacto de impunidad”, incluyendo a diputados y exdiputados a quienes se les ha cancelado la visa de ingreso al vecino país del norte.
Además de la mencionada Ley Magnitsky, también en los Estados Unidos de América, se aprobó recientemente la Ley de Autorización Defensa Nacional que manda que el Departamento de Estado debe entregar al Congreso de aquel país antes del mes de febrero del año 2019, un listado de funcionarios y ciudadanos vinculados con corrupción, narcotráfico y financiamiento ilegal de campañas políticas en los países del llamado Triángulo Norte, integrado por Honduras, El Salvador y Guatemala, lo que ha generado una ola de nerviosismo entre la clase política de dichos países, ya que para muchos de sus miembros, tan acostumbrados a vacacionar e ir de “shopping” en Miami, Orlando o New York, o esquiar en Colorado, la mera cancelación de su visa es uno de los peores castigos que se les puede imponer.
Todo lo anterior deja en evidencia el interés de la comunidad internacional, en este caso, de los Estados Unidos de América, por el combate a la corrupción y a la impunidad que por décadas ha imperado en países como Honduras, lo que redunda en un desmejoramiento en las condiciones de vida de la población, ya que los recursos que deberían destinarse a temas como la salud, educación, combate a la pobreza, desarrollo de la infraestructura, han sido desviados para el beneficio de unos pocos, incidiendo de esa manera en el tema de la inmigración ilegal hacia aquel país, una de las prioridades del gobierno del presidente Donald Trump.
Las medidas mencionadas constituyen una forma alterna de deducir de alguna manera la responsabilidad a los involucrados en los casos de corrupción, ante la inoperancia de las instituciones que a lo interno del país tienen el mandato legal de hacerlo, las que se han convertido en cómplices silenciosos de lo ocurrido, aumentando con ello la fundamentada desconfianza de la generalidad de la población respecto a dichas instituciones, dando lugar al surgimiento de instancias como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), las que a pesar de las críticas y de los múltiples obstáculos, han generado resultados importantes en los respectivos países.
Sin duda que se trata de etapa fundamental para Honduras, ya que por fin los corruptos, que tanto daño han ocasionado con sus acciones, empiezan a sentir “pasos de animal grande”, por el temor de que sus delitos pueden ser investigados y castigados, al menos por el temido “imperio del norte”.
God Bless America y que Dios bendiga a Honduras.
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