Reanuda audiencia contra Correa

Una sala penal de la suprema Corte de Justicia de Ecuador reanudó el viernes una audiencia en la que resolverá si juzga al expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica, por el secuestro de un político opositor en Colombia.

En caso de que sea llamado a comparecer, el exgobernante socialista de 55 años no podrá ser juzgado en ausencia.

En la apertura de la audiencia, la fiscalía se abstuvo de presentar cargos contra dos de los seis implicados en el secuestro del exdiputado Fernando Balda en 2012, por lo que la magistrada Daniela Camacho suspendió la sesión para que las partes reexaminen el caso.

La sesión se reinició el viernes con el juzgamiento a dos involucrados mediante un procedimiento abreviado que podría concluir con sus condenas en la misma jornada.

Unos veinte simpatizantes de Correa se reunieron en las afueras del tribunal, en el norte de Quito, para apoyar a su líder, quien desde julio de 2017 reside en Bélgica, el país de su esposa.

Los correístas mostraban imágenes ampliadas del exgobernante y carteles con leyendas como «Balda delincuente».

La justicia procesó a tres agentes y a un excomandante policial, que están detenidos; a Pablo Romero, un exjefe de Inteligencia que está en España; y a Correa, todos indagados por asociación ilícita y el secuestro de Balda, opositor al exmandatario.

Balda acusa Correa de ordenar su fugaz secuestro en 2012 en Bogotá, donde estaba refugiado al considerarse un perseguido político. Cinco personas forzaron al político a subir a un automóvil, pero la Policía colombiana logró interceptar el vehículo y liberarlo.

Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, fue denunciado como autor intelectual del secuestro.

En julio, la justicia ordenó prisión preventiva para el expresidente y el exjefe de Inteligencia, que incluye una circular roja de Interpol -que aún no se pronuncia- con fines de extradición.

La audiencia, a la que acuden veedores internacionales de Correa, tomaría varios días según abogados de las partes.

El exjefe de Estado podría ser condenado a nueve años de prisión, de acuerdo con Felipe Rodríguez, abogado de Balda. (AFP)