El fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, juramentó en la mañana de ayer, a los nuevos miembros de la Comisión de Evaluación y Certificación de los Servidores y Funcionarios del Ministerio Público.
La comisión es integrada por Gloria Álvarez, subjefe de la División de Recursos Humanos; Carlos David Cálix, coordinador de la Escuela de Formación del Ministerio Público “Orlan Arturo Chávez” y Soraya Morales, supervisora nacional del ente fiscal.
Los nuevos evaluadores tienen a su cargo un proceso inédito en el Ministerio Público; la jefatura de la comisión quedó a cargo de Gloria Álvarez; la vocería recayó en Soraya Morales y el secretario es el exmagistrado Carlos David Cálix.
PROTOCOLO EN LA GACETA
Recientemente, se publicó en el diario oficial La Gaceta, el acuerdo FGR-014-2018, contentivo del protocolo de los procedimientos operativos de la comisión evaluadora, en el proceso de certificación integral de los empleados y funcionarios del Ministerio Público.
Esta normativa tiene como objetivo establecer los procedimientos internos de la comisión evaluadora en el proceso de certificación de los empleados.
La misma, determinará los lineamientos generales a observar para las diferentes fases del proceso y las reglas básicas a observar para que la comisión elabore las matrices de evaluación aplicables a cada una de sus dos fases.
Dentro de las instrucciones que tendrá la comisión, que fueron giradas por el fiscal general y fiscal adjunto, será garantizar que se cumpla con eficiencia y productividad, observar especial atención en la elaboración de las matrices de evaluación, asistiéndose al efecto del personal de la Oficina (hoy División) de Planificación Estratégica y Gestión de Calidad, tal como manda el protocolo.
Según lo acordado entre el fiscal general, el director general de Fiscalía y el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se deberá iniciar el proceso de evaluación con la evaluación de todos los Agentes ATIC, asignados a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida.
De la misma forma, la programación de los procesos subsiguientes, deberá seguir un orden de precedencia acorde a los objetivos estratégicos, trazados en el plan 2015-2020, en materia de persecución penal (sin perjuicio de los cambios que pudieren ordenarse a futuro).
En cuanto a los plazos a observar en el desempeño de sus actividades, se les hace énfasis en la estricta observancia de los establecidos en los referidos instrumentos; no obstante, se les recuerda que para atender adecuadamente sus funciones en la Comisión deberán considerar en todo momento, que deberán proceder al cumplimiento de esta delicada tarea, sin desmedro de su actividad al frente de sus respectivos despachos.
Por lo anterior, en caso de dilación, deberán observar siempre los principios de razonabilidad en los plazos que manda el artículo 74 de la Ley del Ministerio Público (Ver decreto 110-2014), como causal de justificación, establece el protocolo.
La comisión tiene cinco días hábiles para remitir su cronograma de actividades, en las cuales se establezcan los tiempos de desarrollo de las actividades de evaluación y certificación, correspondientes al proceso ordenado en el numeral 3 de la presente instrucción.
FASES DE EVALUACIÓN
Dentro de las fases que serán interpuestas por la comisión dentro de las evaluaciones del personal del Ministerio Público se destaca las pruebas de conocimiento, que estará a cargo del director de la Escuela de Formación del MP.
Asimismo, las pruebas de evaluación del desempeño integral por cada servidor o funcionario de acuerdo sobre temas relativos a funciones, reglamentario y de liderazgo en el desempeño de sus funciones y en atención al usuario interno y externo.
También se realizará al personal pruebas de confianza, que incluye análisis toxicológicos, psicométricos, socioeconómicos y patrimoniales y poligráficos.
Aparte de juramentar a los integrantes de la nueva comisión la Fiscalía General y Adjunta del MP nombró al abogado Walter Menjívar, jefe de la División de Planificación Estratégica y Gestión de Calidad (DIPEGEC) y al abogado Juan Carlos Romero, subjefe de la División de Planificación Estratégica y Gestión de Calidad. (XM)