Los países del Triángulo Norte deben de unir esfuerzos para prevenir el desplazamiento forzado del que se derivan otras problemáticas, como la migración, que afectan principalmente a la niñez y a la adolescencia, dijo hoy a Efe el experto salvadoreño Armando de Paz.
De Paz señaló que la prevención debe estar enfocada en lograr que el Estado de derecho y la institucionalidad funcionen de tal manera que se pueda garantizar a las víctimas de desplazamiento forzado la protección que necesitan.
«Lo más responsable que tienen que hacer los estados es apostar a la prevención, pero no vista desde un tema económico, sino vista desde una perspectiva que funcione el Estado de derecho y la institucionalidad», subrayó.
Por ejemplo, indicó el experto, el desplazamiento forzado y la migración tienen una «relación directa» porque las «personas huyen en busca de un bienestar que se les está negando en sus países por el incumplimiento del Estado de derecho».
«Al no tener una repuesta del Estado las personas huyen», apuntó el también director de la Estrategia Regional del Desplazamiento Forzado de la organización centroamericana de derechos humanos Cristosal.
De Paz sostuvo que la situación es «bastante común» en El Salvador, Honduras y Guatemala, con la «salvedad» que en «nuestro país y en Guatemala aún no se reconoce la existencia de esta problemática».
En Honduras, según el director de la Estrategia Regional del Desplazamiento Forzado, ya existe un reconocimiento y aunque falta mucho por hacer, ya se trabaja en ello.
En el caso de Guatemala es un tema «totalmente invisibilizado», a pesar de que este país «tiende a hablar mucho de migración», y en El Salvador «aún se ve ajena la situación».
De Paz mencionó que, en vista de la necesidad de «visibilizar» dicha problemática, se elaboró el informe Niñez Sin Tregua: Desplazamiento Forzado en el Norte de Centroamérica que fue presentado este martes de manera simultánea en los tres países que integran el Triángulo Norte.
El experto señaló que el documento es un primer esfuerzo del Sistema de Monitoreo de Desplazamiento Forzado en el Triángulo Norte integrado por organizaciones de la sociedad civil de los tres países, que tiene como objetivo «evidenciar la problemática» a partir de las estadísticas proporcionadas por diversas entidades, entre ellas Plan Internacional.
Para el caso de El Salvador, de acuerdo al informe, entre enero de 2016 y junio de 2018 Cristosal atendió a 418 niños y adolescentes en necesidad de desplazamiento forzado por la violencia generalizada, de estos 208 eran niñas y 210 niños.
La ONU pidió en agosto de 2017 al Gobierno salvadoreño que se reconociera plenamente el fenómeno de los desplazamientos forzados que generan la violencia de las pandillas y, en ocasiones, las fuerzas de seguridad.
Las pandillas MS13, Barrio 18 y otras minoritarias poseen más de 600 células en El Salvador y solo en el 24,4 por ciento de los 262 municipios mantienen una «poca presencia», de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil (PNC) obtenidos por Efe. EFE