Por Rafael Delgado Elvir
Economista. catedrático universitario
La captura en Estados Unidos de miembros del círculo familiar de Pepe Lobo y ahora de JOH por acusaciones de narcotráfico es un hecho con grandes implicaciones para el país. Cualquier persona, ajena a la cúpula del poder, entenderá esto en su dimensión real. En estos casos, no se trata de la captura de eslabones más en la larga cadena por la cual recorre el negocio ilícito. Es otra cosa, de mucha más gravedad: es la evidencia irrefutable de la filtración del crimen organizado en las más altas esferas políticas del país. Otra vez se constata lo perversos que han sido los políticos en el poder de burlarse de millones de hondureños a quienes debieron representar con dignidad. Enlodaron aún más el nombre del país. Contribuyeron a debilitar más la frágil democracia del país con sus desmanes, por su apetito por el dinero fácil y por aferrarse al poder.
Las preguntas inmediatas que se levantan son: ¿Qué tanto están coludidas con el crimen organizado las instituciones públicas hondureñas? Ante la ausencia de respuesta a esta pregunta por parte de las autoridades nacionales, las norteamericanas ya la tienen y la exponen claramente. En la acusación contra “Tony” Hernández que se ha hecho pública, afirman explícitamente que desde el 2004 en Honduras personas públicas y privadas importantes, incluyendo políticos y autoridades, trabajaron para enviar cocaína a los EUA. Aseguran que autoridades públicas, miembros del Congreso Nacional y de la Policía Nacional han recibido sobornos de parte de los carteles de la droga. En resumen, una aseveración bastante clara sobre lo que desde allá se sabe sobre el estado de las cosas en Honduras. Pero aquí en el país muchos desde el poder tratan de cubrir lo evidente desde hace años y sigilosamente han ignorado y obstaculizado cualquier intento de ir hasta el fondo de esta trama fatal para el país.
¿Por qué no actúa la justicia hondureña contra tanta sospecha, señalamientos y denuncias hacia destacadas personalidades del mundo político y de los negocios, tal como lo menciona la acusación judicial contra “Tony” Hernández? Está más que claro que la inoperancia es deliberada, es intencional. Se morderían la cola si realmente actuaran de manera sincera contra el crimen organizado y la corrupción. Lo saben y por eso han mantenido paralizadas las instancias encargadas de perseguir el crimen y la corrupción. Pero eso debe terminar. Durante años, se ha tratado de esconder toda una gama de operaciones ilícitas y repugnantes que se han llevado a cabo para catapultarse al poder. Ahora será muy difícil seguir sosteniendo ese peso.
Honduras cayó en las garras del narcotráfico y de la corrupción. Los daños que causa todo esto, llegan hasta el último hogar hondureño y le cierran las posibilidades al país de salir adelante en su agenda del desarrollo. Son miles de hondureños los que han caído víctimas del negocio de la droga; regiones completas del país han vivido bajo el miedo y las leyes de las bandas traficantes. El auge de los negocios ligados al lavado no se compara con la sangre y el dolor que esto ha producido. Igualmente, la corrupción produce sus engaños. La riqueza mal obtenida de unos es la pobreza de millones de hondureños a quienes no les han llegado las medicinas y los tratamientos médicos puntuales porque alguien cerca del poder asaltó las instituciones públicas. Todo esto es completamente reprochable. Sin embargo, cuando hay certeza que desde el círculo de los que mandan en Casa Presidencial se han organizado estas bandas que han hecho mucho daño, no queda otra cosa que apartarlos del poder.