Las mujeres migrantes suelen quedarse atrás en la integración en sus países de acogida, según un informe de la OCDE, publicado este domingo por la Comisión Europea, que lo considera un «tema de preocupación».
Los países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuentan con 128 millones de migrantes, y la Unión Europea (UE) con 58 millones, lo que representa el 10% de la población.
Durante la última década, la cifra ha aumentado en un 28% en la UE, donde dos tercios de los inmigrantes vienen de países de fuera de la Unión, señala este informe publicado la víspera de la cumbre de la ONU que debe aprobar el Pacto para las Migraciones en Marrakech.
«En numerosos países, algunos grupos vulnerables de inmigrantes como los refugiados pueden tardar 15 años o más, de media, en alcanzar un índice de empleo similar al de los nativos del país», afirman en el preámbulo del informe el comisario europeo para las migraciones, Dimitris Avramopoulos, y el secretario general de la OCDE, Angel Gurria.
«La inclusión de las familias migrantes, que cuentan con muchas mujeres, es igualmente un motivo de preocupación», añaden.
Las mujeres migrantes que trabajan son menos que las del país de acogida (57% frente al 63% dentro de la UE). Una parte de ellas se quedan, sin escogerlo, fuera del mercado de trabajo (una de cada cinco dentro de la UE), lo que atribuyen a razones familiares (35% para las migrantes, frente a un cuarto de las mujeres nacidas en el país).
Las migrantes que trabajan en el cuidado de personas en la UE son diez veces más numerosas que las del país de acogida, y además el 36% de éstas están sobrecualificadas, frente al 22% de las oriundas (y el 31% de los hombres migrantes).
«La integración de las mujeres debería concentrar una gran atención», declaró a la AFP Jean-Christophe Dumont, responsable de la sección «migraciones internacionales» en la OCDE, y señaló las «cuestiones a largo plazo» que están en juego.
Por una parte, «la falta de integración puede tener un coste importante en términos de productividad y crecimiento», señalan Gurria y Avramapoulos, que mencionan también «los coste políticos, la inestabilidad y más en general el coste negativo para la cohesión social», que esto provoca. AFP