Gobierno insostenible

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

Este gobierno es apariencia.

Aparenta constitucionalidad. Porque no se sustenta en la Constitución sino en una sentencia judicial por la que se intentó vanamente remover la prohibición de la reelección (vanamente, porque la Constitución proscribe todo procedimiento de reforma constitucional distinto al previsto expresamente en la misma); sentencia que, sin embargo, no atacó el principio de “Alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia” -por el que se prohíbe expresamente el continuismo- que es el que contraviene la reelección del gobernante. Contravención tipificada como “Traición a la Patria”. Su gobierno se sustenta, entonces, en un acto inconstitucional, que, por otra parte, constituye una prueba irrefutable del envilecimiento de la justicia constitucional, al utilizarla no para defender la Constitución -finalidad para la que fue creada- sino para destruirla.

Aparenta legitimidad. Porque no es el producto del voto popular sino de la manipulación de los resultados del sufragio. Nunca en la historia moderna del país el manejo de los resultados fue tan accidentado como este y nunca tan cuestionado; tanto, que hasta la OEA exigió la repetición de las elecciones. En definitiva, fue la institucionalidad electoral la que decidió los resultados. Su legitimidad, entonces, no descansa en el voto popular sino en la decisión de la institucionalidad.

Aparenta aceptación. El gobierno proclama nacional e internacionalmente su aceptación general. Sin embargo, ningún gobierno, antes de cumplir el primer año de su periodo, ha enfrentado tantas manifestaciones populares de rechazo como este, en todo el territorio nacional, algunas de las cuales han amenazado seriamente la estabilidad del gobierno mismo. Pero ninguna más demoledora que el éxodo de hondureños huyendo de su patria, que ante el mundo expuso, descarnadamente la deplorable situación económica y social del país, generando reacciones desde todos los confines del planeta, especialmente la de Trump, atacando directamente al gobierno como el responsable del infierno que viven en Honduras la clase media y los pobres.

Aparenta unidad. Evidentemente el sistema estatal cerró filas en torno al gobernante durante los primeros meses, lo que fue evidente con el Consejo de Defensa y Seguridad, desde donde manipulaba holgadamente el Estado en su totalidad. Sin embargo, el deterioro interno durante estos últimos meses es inocultable. Su pilar fundamental, su partido, es el que más problemas enfrenta, como fue evidente en la última convención, con la ausencia de líderes importantes, entre los que se destaca el expresidente Lobo Sosa, quien ha expresado públicamente su descontento con el gobernante, cuya actitud hacia quien lo apadrinó siempre y a quien le debe su posición actual, describe elocuentemente su perfil personal, causando entre sus correligionarios la angustiosa sensación de que, dado el caso, no dudaría en darles el mismo tratamiento, intensificada por las acciones anticorrupción contra políticos, incoadas y por incoar desde el binomio Maccih-Ufecic (brotes verdes de independencia judicial), muchos de ellos partidarios suyos, abandonados a su suerte. En igual circunstancia, es de suponer, se encuentran las Fuerzas Armadas por los señalamientos del alto comisionado DDHH, ONU, responsabilizando, por la mayoría de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la represión postelectoral, a la Policía Militar (creada para enfrentar el crimen organizado, no para reprimir al pueblo), porque algunos miembros suyos quedan expuestos ante la justicia por delitos cuya persecución es imprescriptible; de ahí, que no sería una sorpresa que el instituto armado, siendo que la estrategia es lo suyo, estuviese revisando su posicionamiento en esta crisis.

Aparenta blindaje impenetrable. Sin embargo, los señalamientos de los extraditados y de los involucrados en los últimos escándalos de corrupción, apuntan directamente a los estamentos gubernamentales, en sus niveles jerárquicos más elevados, provocando averías en ese blindaje que pueden propiciar una situación caótica incontrolable de aparecer en la famosa lista de corruptos, exigida por el Congreso al Pentágono, funcionarios, políticos y empresarios prominentes, y, especialmente, en el supuesto de que el hermano del gobernante, recién capturado en USA, acusado de traficar droga “a gran escala” durante 14 años, para evitar la cadena perpetua, acepte identificar a las autoridades, políticos y empresarios (todos “peces gordos”, sin duda) que colaboraron con él durante esos años, ya sea desactivando los mecanismos de inteligencia e investigación o participando directamente con él en el negocio.

La continuidad de este gobierno, en conclusión, solo se explica por la debilidad de la oposición. Sin embargo, si los acontecimientos siguen evolucionando en esa dirección, sin que la oposición se organice y asuma el papel que las circunstancias demandan, nada evitará que gobierno y oposición, arrastrados por los sucesos, corran la misma suerte.