Por: Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario
Se anuncian vientos de cambio en el gabinete de gobierno y como acontece al cierre de cada año, los titulares de las diferentes secretarías de Estado, ponen a disposición del Presidente de la República su cargo, para que este decida mantenerlos o no en el puesto.
El problema con los movimientos en los equipos de gobierno es que tradicionalmente, los mismos están sujetos a condicionalidades políticas y no a evaluaciones serias enfocadas en la gestión por resultados, de allí entonces que a pesar de las rotaciones en algunas dependencias, las posibilidades de mejora son mínimas.
En el caso de la actual gestión gubernamental, valdría la pena realizar una verdadera y transparente valoración del desempeño de los funcionarios públicos y el de sus colaboradores cercanos, particularmente en aquellos sectores en los que la población reclama respuestas a problemas de años.
Por ejemplo, hay que hacer cambios sustanciales en la Secretaría de Salud, en donde hoy la crisis es más aguda que en años anteriores, las autoridades del ramo no han sabido dar respuestas a las dificultades hospitalarias, a la falta de atención médica especializada, a la permanente escasez de medicamentos y a los abusos en el presupuesto asignado, recuérdese que apenas hace unas semanas, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció que redes de corrupción le han robado al sistema sanitario al menos 44 millones de lempiras entre 2011 y 2016.
Es tan aguda la situación del sector salud, que los hospitales regionales no cuentan con los insumos médico quirúrgicos elementales para atenciones inmediatas, solo como referencia reciente, en el Hospital del Sur un menor de edad falleció tras ser atacado por una serpiente y quien increíblemente no pudo ser trasladado a Tegucigalpa por la no disponibilidad de una ambulancia.
Por otro lado, el mismo CNA denunció serias irregularidades en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), en donde se otorgaron proyectos y contratos evadiendo los procesos de licitación pública, además se conoce de la contratación de personal supernumerario en los meses previos a la campaña electoral para favorecer a activistas políticos y sus familiares.
Si es por bajos resultados en la Secretaría de Educación también deberían venir cambios radicales, no es posible presumir de 200 días de clase con una incidencia de reprobación de más de 93 mil estudiantes, no se puede hablar de transformación educativa en un sistema que carece de inversión en infraestructura, mejora curricular y capacitación docente.
¿Y qué decir de las Secretaría de Seguridad y Defensa?, con una Policía intervenida desde el 2016 y un presupuesto que entre ambas superan por mucho la asignación para educación, salud o inversión pública, también deben venir cambios en la Secretaría de Relaciones Exteriores, disminuida a niveles de simple dirección y que fue incapaz de manejar de manera congruente el drama humanitario provocado por la migración masiva de hondureños.
Si los cambios anunciados en el gabinete de gobierno se hacen en base a una evaluación enfocada en la gestión por resultados, los titulares de al menos la mitad de las secretarías de Estado tienen que abandonar sus cargos, más que presentar una renuncia por trámite, deberían por ética profesional, y por el bien del país, presentar su dimisión de manera irrevocable para dar paso a gente capaz y con visión de país, pero eso no pasa en Honduras, eso no sucederá, si hay cambios serán “cosméticos”, al fin y al cabo, la fiesta es mejor en familia.