BIEN podría invocarse la sabiduría popular con aquel dicho que, “quien nada debe nada teme”. Sin embargo, ya días priva en las esferas oficiales, políticas y empresariales, cierta agitación a raíz de esa lluvia de emplazamientos fiscales que han caído últimamente. Estas declaraciones, del secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional, no es para que pasen así nomas, como quien oye llover. El congresista secretario refiere que, “los diputados y diputadas ya no quieren firmar ni votar por ninguna iniciativa, ya que temen ser enjuiciados”. ¿En qué medida esto que relata el directivo del Congreso se está convirtiendo en una práctica frecuente y hasta qué punto ha comenzado a contagiar otras instituciones gubernamentales? Sería algo que amerita constatación ya que, de convertirse en práctica generalizada dentro de las instituciones públicas, lo que ya de por sí es lento corre el riesgo de inmovilizarse del todo. El secretario apunta que, “hay dictámenes de ley que los miembros de las comisiones no quieren firmar, por muy buena que sea la iniciativa de ley”.
Presumiblemente, menos han de ofrecerse como voluntarios para integrar las comisiones de estilo, necesarias para perfeccionar la redacción de un decreto discutido en la cámara, por temor a que les suceda algo parecido a sus compañeros encausados por la UFECIC-MACCIH. Por más llamados que les hacen a los legisladores para que evacúen los dictámenes o que emitan sus informes de estilo –asegurándoles que están protegidos por la Constitución que otorga al Congreso Nacional las atribuciones de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes, aprobar o improbar contratos– los temerosos legisladores no se la tragan. Después del episodio de las disposiciones generales del presupuesto y de la famosa fe de erratas –a juzgar por lo que revela el diputado secretario– hay alarma en la cámara legislativa. Parecido a lo que ha venido aconteciendo en Guatemala. Allá hay un ambiente de espanto, desde que la temible CICIG la emprendió contra la clase política, los funcionarios públicos, incluso los mandatarios, acusados penalmente en los tribunales de justicia. Escuchamos decir a un empresario hondureño que estuvo de visita en Guatemala, que en ese país la administración pública se encontraba paralizada. Un alto funcionario público –según repite el empresario– le comentó que, de ministros para abajo, no firmaban nada que pudiese comprometerlos. Como medida de cautela, ya que lo que se hace hoy bajo un criterio, mañana puede ser interpretado bajo otro, dando pie a acciones penales en su contra.
Lo anterior fue denunciado por el mismo Jimmy Morales, al comunicar que no estaría prorrogando el convenio que tiene con la interventora de Naciones Unidas. Posteriormente, sorprendió con una postura más radical, impidiendo el ingreso al país del temible fiscal colombiano a cargo de la CICIG. Como justificación de ello, en conferencia de prensa reclamó que, “la justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía”. “Se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia, acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso, garantías humanas amparadas por nuestro derecho y el derecho internacional”. El secretario del Congreso hondureño finaliza su intervención con esta inquietante advertencia: “Porque esos fantasmas de persecución contra diputados por su accionar legislativo deben de terminar y nosotros debemos de tener el espacio y la libertad para ejercitar la función que tenemos como diputados”. “De lo contrario, si seguimos con este tipo de actuaciones, se van a paralizar las acciones legislativas”. ¿Cuál será el ambiente que se respira en otras esferas gubernamentales? ¿Y qué hacer para que haya combate a la corrupción sin menoscabo de la estabilidad política y de la buena marcha de las instituciones públicas?