Propósitos

Por: Edmundo Orellana
Catedrático universitario

Este ha sido un mal año para todos. Muy mal año. Tanto, que, si vemos hacia atrás, ninguno, ni remotamente, se parece a este.

El responsable de esta situación es el gobierno, por supuesto. Sus decisiones y omisiones, operadas en un ambiente de opacidad y autoritarismo, potenciaron las desgracias que, desde hace mucho tiempo, carga nuestra sociedad, creando otras, además.

Es un gobierno con una peculiaridad única. No solo ha hecho la vida insostenible al hondureño, sino que también ha causado problemas a los países vecinos. Los miles de hondureños que huyen de este mal gobierno han obligado a Guatemala, México y Estados Unidos a tomar medidas para asistir a esta desgracia humanitaria y evitar que se salga de control en sus respectivos países.

Es un gobierno acosado por la justicia estadounidense y por la justicia hondureña. Por la justicia gringa, porque los pedidos de extradición han afectado directamente al gobierno y, según lo dicho por el diputado-presidente a la prensa y lo que se escucha desde Nueva York, habrá más pedidos durante el próximo año. Por la justicia hondureña, porque los casos más sonados de corrupción se asocian con el partido de gobierno, especialmente al financiamiento de la campaña electoral.

Es un gobierno acusado de corrupción reiteradamente por el presidente de los Estados Unidos, cuya voz se escucha en todo el planeta y sus dichos se traducen a todos los idiomas. El desprestigio es a nivel planetario. Es cierto que habla de más, es inoportuno y usa un lenguaje soez, pero, desgraciadamente, es el presidente del país más importante del mundo y lo que diga sobre este tema habrá de tomarlo muy en serio la cooperación internacional.

Con semejante acusación, seguramente las fuentes financieras externas se reducirán drásticamente. En particular, las provenientes de los programas creados por el mismo Estados Unidos, como el de la Cuenta del Milenio y la Alianza para la Prosperidad. La última amenaza de Trump, reiterando que cancelará la cooperación financiera, con la excusa de que nuevas caravanas se preparan desde Honduras sin que el gobierno haga algo para evitarlo, amenaza también la iniciativa del flamante presidente mexicano de crear un programa especial para evitar la migración irregular desde Centroamérica.

Es un gobierno sin fuentes financieras propias. La economía hondureña no da para más. Miles de pequeñas empresas cerraron y los medianos y grandes empresarios producen menos y en condiciones desfavorables. Ya no hay de dónde sacar más impuestos. En definitiva, no tiene dinero. Prueba de ello es que aún no ha pagado su salario del mes y su aguinaldo a una gran cantidad de burócratas.

Pese a estas condiciones, en lugar de atender las causas que motivan el éxodo de hondureños, el gobierno, en el presupuesto del 2019, reduce drásticamente los recursos destinados a los rubros de salud, educación y otros importantes para el desarrollo del país, pero aumenta significativamente los de Seguridad y Fuerzas Armadas. Es evidente que su prioridad no es la seguridad, sino los cuerpos armados, en los que descansa su estabilidad, ahondando, por supuesto, su carácter autoritario.

Y esta es su mayor debilidad. Porque este fortalecimiento de los cuerpos armados no obedece a factores externos (ningún país amenaza con invadirnos). Es evidente que los fortalece para reprimir. Señal inequívoca de que es consciente de que el pueblo lo repudia y que, careciendo de legitimidad para continuar, no tiene otro recurso que acudir a los cuerpos armados para defenderse de su propio pueblo.

La fecha es propicia para formular propósitos a cumplir durante el próximo año. El principal tiene que ver con el mayor de los problemas que enfrentamos: el mal gobierno. ¿Qué hacer?

Si nuestro régimen fuera parlamentario este problema habría sido resuelto en el transcurso de este año, pues habría bastado la moción de censura para sustituir al gobierno, sin alterar el régimen constitucional ni el orden público. Pero el nuestro es un régimen presidencial clásico, cuya rigidez obliga a la oposición organizada, con carácter de mandato inexcusable, a encontrar salidas a la crisis fuera de la institucionalidad, legitimada en el hecho incontrovertible de que cuando el gobierno no representa al pueblo es la oposición la que asume totalmente esa representación, con las consecuencias que de esta se derivan, directa o indirectamente.

En esta tarea la primera prioridad para el 2019 es la unidad de las fuerzas políticas opositoras en una plataforma que asuma la conducción de la movilización ciudadana para encontrar la salida a la crisis, antes de que sea demasiado tarde.