Nueva York (EFE). El exsecretario de Joaquín «el Chapo» Guzmán aseguró que el narcotraficante pagó al expresidente de México Enrique Peña Nieto 100 millones de dólares en sobornos.
De acuerdo con Alex Cifuentes, que trabajó para el Chapo entre 2007 y 2013, Guzmán Loera entregó esa cantidad a través de un intermediario a Peña Nieto, cuando este último era presidente.
El envío de dinero lo hizo una mujer llamada “Comadre” María en Ciudad de México en octubre del 2012, señaló.
Cifuentes también dijo que Peña Nieto había contactado a Guzmán. El abogado de Guzmán, Jeffrey Litchman, le preguntó que si lo que quería el gobierno mexicano era dinero por parte de “El Chapo”.
“Trabajar con él, sí”, respondió Cifuentes.
“Cuando dice trabajar, ¿quiere decir que Guzmán paga y Enrique Peña Nieto le permite seguir trabajando?”, preguntó Lichtman.
“Me imagino que sí”, dijo Cifuentes.
Lichtman dijo después que Cifuentes llegó a decir al gobierno estadounidense que Peña Nieto había pedido en realidad 250 millones de dólares a Guzmán pero que “El Chapo” ofreció 100.
“Así es, pero quizás estoy confundido con los números”, respondió Cifuentes.
El portavoz de Peña Nieto, Eduardo Sánchez, ya negó el pasado noviembre que el antiguo mandatario hubiera aceptado sobornos por parte del líder del cartel de Sinaola, después de que la defensa del Chapo hubiera lanzado dicha acusación.
Durante el inicio del juicio contra Guzmán Loera, el pasado 14 de noviembre, Lichtman ya acusó a Peña Nieto y al anterior mandatario mexicano, Felipe Calderón (2006-2012), de recibir «sobornos» del narcotraficante Ismael «Mayo» Zambada García, socio del Chapo. Tras aquella declaración el abogado defensor fue amonestado por el juez del caso, Brian Cogan, que le recriminó haber lanzado acusaciones sin pruebas.
Cogan también prohibió durante el interrogatorio de Jesús «Rey» Zambada, hermano del Mayo, que se le cuestionara sobre los supuestos pagos a los exmandatarios.
Guzmán, extraditado en enero del 2016 a EE UU y en máxima seguridad desde entonces, se ha declarado no culpable de once cargos de narcotráfico, entre ellos mantener una empresa criminal continua, portar armas y blanqueo de dinero, por lo que podría ser sentenciado a cadena perpetua.