Por: Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno
Abogado y Notario Máster en Derecho Empresarial
La segunda vuelta o balotaje, es un mecanismo utilizado en varios países en el mundo, incluyendo alrededor de 14 países de América Latina y el Caribe, que se aplica en el caso de que el ganador de una elección, especialmente en el nivel presidencial, no obtenga la mayoría de los votos válidos, o el mínimo de votos requeridos por la ley, por lo que los candidatos que ocupen los dos primeros lugares, pasan a una nueva elección en segunda ronda. El objeto de la misma es que la persona que resulte elegida como presidente obtenga un más amplio respaldo popular, dotándolo así de una mayor legitimidad de cara al período de gobierno, por lo que algunos entendidos en el tema afirman, que en la segunda vuelta se vota más con la razón que con el corazón.
A pesar de lo anterior, una de las mayores críticas que se realiza a la figura de la segunda vuelta o balotaje, es que la misma obliga a ambos candidatos participantes a la formación de alianzas o coaliciones con los candidatos que han quedado descartados en la primera vuelta, lo que indudablemente implica adquirir compromisos, así como el otorgamiento de concesiones de diversa naturaleza, a cambio del respaldo de los mismos, lo que afecta la independencia en la toma de decisiones del candidato ganador.
En el caso de Honduras, desde hace varios años se viene hablando de la necesidad de implementar la segunda vuelta, lo que se ha incrementado especialmente después de lo ocurrido en las cuestionadas elecciones generales del mes de noviembre del año 2017, en las que según los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, el supuesto ganador obtuvo el 42.9% de los votos, contra el 41.42% de los votos obtenidos por el candidato del segundo lugar, evidenciando además de la escasa diferencia entre uno y otro, que ninguno obtuvo el respaldo de la mayoría absoluta de los votantes, lo que sumado a la inconstitucional participación del Presidente de la República buscando su reelección, generó una grave crisis post electoral.
Precisamente, la implementación de la segunda vuelta electoral junto con la regulación de la inconstitucional reelección, constituyeron los temas más sensibles y complejos en el proceso del denominado Gran Diálogo Nacional, que se llevó a cabo el año anterior, en el que se buscaba alcanzar acuerdos para solventar la crisis política, así como adoptar medidas para evitar que se repitiera lo ocurrido; sin embargo, en días recientes el presidente del Comité Central del Partido Nacional ha manifestado que la segunda vuelta electoral “atenta contra la democracia, contra los intereses económicos y contra la persona humana”, argumentos un tanto fuera de lugar, ya que si bien es cierto la celebración de una elección es sumamente cara, no menos cierto es que se despilfarran fondos públicos en constantes actos de corrupción o en asuntos de menor importancia, que el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de la incipiente democracia en Honduras.
Sin embargo, y a la luz de lo ocurrido en el país, resulta evidente que es necesario realizar cambios profundos en el sistema electoral, como el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de las Personas, la creación de un tribunal de justicia electoral, la depuración del censo electoral, o la implementación de la segunda vuelta electoral, para así fortalecer los procesos eleccionarios garantizando el respeto de la voluntad de la mayoría.
Finalmente, es muy interesante, que según datos del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, entre los años 1978 y 2017 en la región se realizaron más de 150 elecciones presidenciales, en las que en 47 ocasiones se llevó a cabo la segunda vuelta, resultando ganador en la misma el candidato ganador de la primera vuelta, y solo en 12 oportunidades se revirtió el resultado, entonces, ¿quién dijo miedo?
Que Dios bendiga a Honduras.
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