Por: Mario E. Fumero
En Honduras ocurren cosas inexplicables. Una concesionaria que tiene el cobro de una carretera principal, construida con los fondos del Milenio, y sin previo aviso, de forma abrupta, ha optado por aumentar unilateralmente el peaje del tránsito en la ruta que conduce de Tegucigalpa a San Pedro Sula de forma arbitraria. Esta concesión dada por el Estado a una empresa privada le permite efectuar aumento que no se puede justificar, y con poderes absolutos sobre el Estado, ignorando una serie de factores constitucionales que le fueron otorgados a la hora de conceder los derechos de cobrarle a los vehículos por circular, y aumentar el peaje, sin previo aviso, no teniendo los conductores una opción para poder transitar libremente, como establecen las leyes básicas del país.
Todo el mundo sabe que la Constitución de la República de Honduras garantiza la libre expresión y circulación de personas y vehículos. En todos los países, donde hay carreteras con peajes, siempre existe una ruta alternativa paralela, aunque es más lenta, para aquellos que no pueden o no quieran circular por las vías rápidas de las rutas expresas, las cuales pueden usar y pagar los que estén interesados en llegar más rápido a su lugar de destino.
En este país se han dado concesiones privadas violando la Constitución, y sin la opción a una circulación alternativa para aquellos que viven en tramos cortos, entre un pueblo y otro. Lo peor es que están aumentando el peaje de forma continua, lo cual ha indignado a la gran mayoría de los que transitan por esta vía, principalmente los buses y rastras, y han reclamado de forma incorrecta, lo injusto de tal actuación de la concesionaria, rompiendo las vallas existentes, y algunos excitando a la violencia para destruir las casetas, como ocurrió en San Pedro Sula, algo que también es incorrecto, pues siembra el anarquismo, aunque si no se frenan tales abusos, tristemente podemos llegar a una situación incontrolable para el gobierno.
Reconozco que hay choferes que se indignan al verse obligados a circular y ver que de pronto, sin previo aviso, le imponen de un día para otro, un aumento a la tarifa, sin considerar la repercusión que la misma puede tener, y que tal aumento no se justifica. También es indignante ver que no existen medidas para que el gobierno pueda frenar la voracidad de las concesionarias, y sigan aumentando las tarifas sin tener justificación para ello, porque la pregunta que me hago es: ¿cuántos millones recogen a la semana entre los cuatro peajes que existen a lo largo de la carretera? ¿Hay transparencia en la forma en que se administran esos recursos? ¿Tendrá el Estado fiscalizadas las utilidades y la forma en que la concesionaria emplea sus fondos? ¿Tiene derecho una concesionaria a aumentar los precios cuando le dé la gana, sin consensuarlo con el Estado, y sin previo aviso a los usuarios?
Cuando te obligan a pagar, sin una opción, están violentando la libertad de circulación, y cuando te cobran sin previo consenso, tal cobro se convierte en un “pillaje”, al no ser un cobro justificado, y en tal caso, el Estado tiene el deber de regular, investigar y establecer políticas al respecto, porque la subida al peaje, principalmente de las rastras y camiones que mueven insumos, termina repercutiendo indirectamente en los precios de los productos que llevan a lo largo del país, y es el pobre pueblo el que termina pagando las consecuencias, al ver el aumento de los productos básicos.
Es bueno que el Estado revise todas esas concesiones privadas, tanto de los que mercadean con el agua, así como con la circulación de vehículos y la energía, y poner freno a los abusos, porque de lo contrario, la estabilidad de la nación está en riesgo, ya que podrá llegar el momento en que la indignación e impotencia del pueblo produzcan revueltas que desestabilicen el país.
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