Por Óscar Lanza Rosales
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En los últimos días ha estado en el ojo del huracán mediático, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al darse a conocer un Informe de Monitoreo de la gestión de ese organismo por parte de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) para el período enero 2017 y junio 2018, concluyendo que continúa tan ineficiente como en el pasado. Y un comunicado de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en el que revela que las reformas a la Ley Orgánica que está discutiendo actualmente el Congreso Nacional a la Ley Orgánica del TSC, “más bien son un retroceso en los procesos, en la transparencia y la rendición de cuentas. Además, restringiría las acciones de fiscalización que está llevando a cabo el TSC, en algunas instituciones del Estado y con actores privados que tienen relación con la utilización y administración del erario público”.
Y advierte la MACCIH, que si no se hacen los correctivos adecuados a estas reformas, más bien van a contribuir a crear más impunidad, y contrariar los preceptos establecidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, los tratados internacionales y los principios del debido proceso de la Constitución hondureña.
Pero por el día de hoy solo me voy a ocupar del informe de la ASJ, que manifiesta, en primer lugar, que su monitoreo tiene como objetivo mostrar la precaria situación existente del control de los recursos públicos, que pone en evidencia que el TSC se ha convertido en una fuente importante de impunidad. A junio de 2018, se ve un Pleno de Magistrados enfocado a una reestructuración administrativa que no ha concluido. La contratación de personal es discrecional, sin seguir una selección transparente y por méritos. Las metodologías de auditorías se continúan haciendo de la manera tradicional, sin seguimiento y sin ninguna innovación para mejorar sus resultados y su calidad. Tampoco ha habido resultados trascendentales en las acciones administrativas ni en las investigaciones de los diputados y enriquecimiento ilícito. Se ha concentrado en las auditorías de los municipios pequeños, descuidando a los medianos y grandes. Y no se está aprovechando adecuadamente la asistencia de la cooperación internacional.
En el 2018, se logró un aumento significativo al presupuesto del TSC, de 90 millones de lempiras, pero el 88% del mismo es para pago de planilla. Cada uno de los magistrados gana 166 mil lempiras al mes y sus asistentes 101 mil lempiras. Del aumento de sueldos en este año, un 39% fue dirigido a los magistrados y sus asistentes.
El informe de ASJ da a entender que los magistrados se han repartido con la cuchara grande en viajes y viáticos al exterior. Se gastaron más de un millón cuatrocientos lempiras en diez viajes, con viáticos por día hasta por 35 mil lempiras. Participaron en eventos con duración hasta por 10 días en el caso de Taiwán, 9 en Madrid y 8 en Washington dos veces. Al mismo evento concurrieron hasta dos magistrados, y esto sucedió en 5 ocasiones. ASJ agrega que no se sabe los beneficios de estas participaciones para el TSC, porque no se rinde cuentas de estos viajes.
El informe termina manifestando que, a pesar de la frustración social, la presión mediática, el apoyo económico y técnico que brinda la cooperación internacional, todo indica que en los próximos años, habrá más de lo mismo, en términos de resultados del TSC, porque sus actuales autoridades no dan ejemplo de probidad y eficiencia en el gasto público y por lo tanto no tienen la autoridad moral para aplicar controles sobre el gasto o exigir una conducta ética a los servidores públicos. Y ASJ finaliza, recomendando que si el TSC no cambia su trayectoria institucional, habría que pensar en la creación de un nuevo órgano contralor con un nuevo tipo de liderazgo y métodos de trabajo.
Los actuales magistrados del TSC, ante los señalamientos de ASJ, dicen que los viáticos están conforme a su reglamento. Un reglamento elaborado por los mismos magistrados que fungieron como tales en el pasado, pero que los actuales magistrados tienen la facultad para cambiarlo o derogarlo.
Es una lástima que los actuales magistrados del TSC hayan entrado con buena imagen a ese organismo, y que no se hayan preocupado por conservarla, para hacer del TSC una institución eficiente, efectiva en el cumplimiento de su misión y con austeridad, tan necesaria en un país miserable, donde los pobres no encuentran otra solución a sus problemas, que emigrar.
