Managua, Nicaragua.- La economía de Nicaragua podría sufrir un impacto «devastador» por un paquete de reformas fiscales y del sistema de pensiones impulsado por el gobierno de Daniel Ortega, advirtieron cámaras empresariales y especialistas.
Las reformas «tendrán un impacto devastador en la economía», señaló la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan) en un comunicado en el cual urgen «la inmediata instalación del diálogo nacional como la única solución política viable» a la crisis.
El Producto Interior Bruto (PIB) se contrajo 4% y se perdieron miles de empleos tras el estallido de las protestas antigubernamentales en abril pasado, cuya represión dejó al menos 325 muertos y más de 700 detenidos.
El gobierno planteó la reforma fiscal como una salida a la crisis, tras descartar una reanudación del diálogo iniciado el año pasado con sus opositores.
Las protestas estallaron en abril pasado tras una fallida reforma al sistema de pensiones, que el gobierno retiró, aunque algunos observadores consideran que la nueva propuesta es aún más severa.
La organización cafetalera señaló que las medidas afectarán la producción del grano, principal rubro de exportación, que genera 450 millones de dólares anuales y 350.000 empleos en el campo, de los cuales se perderían más de 60.000 con la reforma.
Excan forma parte del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que también rechazó las reformas que discute el parlamento, de mayoría oficialista.
«La reforma es confiscatoria y promovería la descapitalización de las empresas, la fuga de capital, la falta de inversiones y por último, la iliquidez, insolvencia e inevitable quiebra de muchas empresas», alertó el Cosep en un estudio titulado «Golpe del Estado a la economía».
– «Fortalecer el crecimiento» –
El gobierno presentó el lunes al Parlamento el proyecto de reformas tributarias que contempla aumentar el impuesto sobre la renta de grandes y medianas empresas del 1% actual a entre 2% y 3% y propone elevar el Impuesto Selectivo de Consumo a algunos productos.
La reforma busca recaudar un equivalente a 2,3% del PIB en 2019, y llegar a 3% en 2021 y 2022.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, señaló que las reformas buscan «fortalecer la senda del crecimiento» y que «las empresas sigan generando empleos y riquezas».
«Si hay 135.000 empresas registradas, el efecto va a ser fundamentalmente en un poco más de 630 empresas», argumentó el ministro.
Según el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, la propuesta elimina algunas exoneraciones que tenía el sector privado antes de la crisis.
El experto el temas tributarios Julio Báez precisó que 15 nuevos rubros que antes gozaban de exoneraciones estarían siendo gravados con el Impuesto del Valor Agregado (IVA), entre ellos los agroquímicos, los productos de sanidad vegetal y materias primas necesarias para la agricultura, base de la economía.
«Todos los insumos agrícolas pasan a ser gravados: fertilizantes, fungicidas, plaguicidas, hasta con lo que ordeñan la vaca para el queso», coincidió en Twitter el economista Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y miembro de la opositora Alianza Cívica.
Estas reformas «tendrán un efecto negativo en la economía, impactando a la población menos favorecida», subrayó por su lado la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, en un comunicado.
Igualmente, la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) consideró que amenaza con «el cierre de empresas y el aumento del desempleo».
Provocaría asimismo el incremento del costo de la mayoría de productos de la canasta básica de alimentos, actualmente valorada en más de 421 dólares, anotó Cadin.
También expresaron su preocupación la empresa minera canadiense B2 Gold que opera en el país, el sector avícola y ganadero.
En medio de la crisis, el gobierno también anunció una reforma al sistema de pensiones que aumenta la contribución patronal y laboral.
«Si las pensiones antes eran de hambre ahora serán de miseria con la nueva fórmula», indicó Chamorro.
Según datos oficiales, 130.000 contribuyentes abandonaron el seguro social debido a la crisis. AFP