Por Jaime Martínez Guzmán
Para este viernes 1º de febrero, está prevista la inauguración del año lectivo 2019-20, tal como nuestras leyes educativas lo prevén. Diferente a como en algunos años anteriores, cuando privaba cierta ingobernabilidad en el sistema educativo, parsimoniosamente, las clases se iniciaban abarcando hasta 10 días o más del mes de febrero, dedicados a las actividades de matrícula y planificación docente, dado que los maestros, equivocadamente, alegaban que diciembre y enero eran netos de sus vacaciones. Estas actividades, que no son lectivas, deben efectuarse en la segunda quincena de enero, como hoy se hacen. Qué bueno, ahora los maestros están conscientes de sus deberes y obligaciones y de la importancia contributiva de los docentes, entre otras cosas, en el cumplimiento del calendario escolar en por lo menos 200 días efectivos de clase, elemento importante de la calidad educativa.
Si las clases no se inician el primer día de febrero, la “contabilidad lectiva” no cuadra. Veamos: De 365 días del año se restan 61 que son los que corresponden a diciembre y enero, vacacionales. De los 304 que quedan se restan 85 días que son sábados y domingos. De los 229 días que quedan se restan 5 de Semana Santa, 5 del período intermedio llamado de oxigenación y alrededor de 9 que corresponden a feriados nacionales o escolares, como el Día del Trabajo, de las Américas, del Estudiante, de las Fiestas Patrias, del Maestro, de Morazán, del Descubrimiento de América y de las Fuerzas Armadas. Como se observa, quedan líquidamente los 200 días que deben ser de clase. Solamente cuando en un centro educativo se ha trabajado los sábados, es que puede afirmarse que se han servido más de 200 días de clase.
En la actualidad, el gobierno del Presidente Hernández Alvarado, en concertación con los actores educativos, promueve el “Compromiso por la calidad educativa”, no solo para el logro de más de 200 días de clase, también y, esencialmente, para la cualificación de estos, con los insumos que sean convenientes, con los procesos impulsados por la eficiencia y en procura de la eficacia en los productos: egresados dotados de las competencias suficientes para la continuidad de estudios o para la vida laboral.
Con referencia a la calidad educativa, recordamos que en los años medios de la década de los 80, hasta los medios de los 90, los índices cuali-cuantitativos de nuestro sistema educacional tuvieron un repunte considerable, el cual vino conformándose en un avance lento y progresivo, merced al diseño de instrumentos técnico-legales realistas, a la dotación de estructura física considerable, a reformas curriculares pertinentes y, principalmente, al clima de tranquilidad, comprensión y armonía entre los actores del proceso educativo, propicio para avanzar en el logro de mayor eficiencia y eficacia en el sistema.
En los años indicados se produjeron significativos avances en cuanto a cobertura en los diferentes niveles del sistema, lo mismo que en la disminución de los índices de analfabetismo, deserción, reprobación y repitencia. Honduras se posicionó, solamente, bajo los alcances de Costa Rica y Panamá. Desfavorablemente, El Salvador y Guatemala sufrieron prolongados conflictos internos que les afectaron negativamente, ocasionándoles estancamiento en su progreso educativo. Sin embargo, superados sus conflictos, han estado haciendo esfuerzos importantes para su recuperación. Factor importante para la recuperación cuali-cuantitativa del sistema educativo en los países mencionados ha sido la gobernabilidad que han conseguido, con el auxilio participativo a la escuela, de los padres de familia y la comunidad, como cooperantes y veedores de la administración educativa.
Sorprendentemente, en Honduras, desde la vigencia del Estatuto Docente, nuestro sistema educacional se ha venido deteriorando, no porque este sea un instrumento jurídico contraproducente en todo su contexto, al contrario, en su mayor parte es contentivo de elementos propicios para dignificar y fortalecer la carrera docente y lograr con ello la cualificación del sistema educativo. Sin embargo, dadas sus cláusulas salariales onerosas y desfasadas de nuestra realidad económica, los diferentes gobiernos transcurridos, no han podido cumplirlo a cabalidad.
De ahí, esencialmente, ha sido el punto de partida y derivación de verdaderas crisis en las que, por muchos años, estuvo sumida la administración educativa, cuando los dirigentes del gremio magisterial, como práctica consuetudinaria, provocaron los perjudiciales paros de labores, generalmente, respondiendo a intereses políticos-ideológicos. Secuela nefasta de ello fue el mantenimiento de los educandos fuera de las aulas, por gran parte del año lectivo, lo que trajo como consecuencia su insuficiente preparación cognitiva y formación actitudinal. Y de hecho, el estancamiento y deterioro del nivel educativo nacional.
Desde hace algunos años, se viene logrando una saludable gobernabilidad en el sistema educativo nacional. Se percibe el aligeramiento de las tensiones entre gobierno y organizaciones magisteriales. Sectores estos que no deben estar divorciados en la ruta hacia el fortalecimiento de la eficiencia en el proceso educativo; siendo que los docentes son los ejecutores esenciales de las políticas gubernamentales en beneficio de la educación.
Favorablemente, los dirigentes del magisterio hondureño, en la actualidad, han tomado conciencia de que las estrategias de confrontación intransigente, no son el mejor sendero para la consecución de sus propósitos reivindicativos. Que los paros de labores que tanto perjudican a los educandos y son en detrimento de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, deben ser sustituidos por el diálogo comprensivo y la gestión procedimental que la ley brinda. En esa ruta, los docentes han conseguido una reivindicación salarial y la participación gremial en el diseño de estrategias técnico-pedagógicas y financieras. Ojalá que el año lectivo que se inicia sea de armonía, tranquilidad, eficiencia y eficacia.
Exsecretario de Educación