Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario
Nuestro régimen político no necesitó de una segunda vuelta electoral, porque hasta el surgimiento de Libre, ningún partido emergente compitió, realmente, con los dos partidos tradicionales.
Casi dos siglos transcurrieron turnándose en el poder, el PL y el PN. Surgieron algunos partidos, especialmente en esta última etapa de nuestra vida constitucional, pero ninguno, como Libre, llegó a amenazar el bipartidismo.
Ahora bien, ¿por qué, con la desaparición del bipartidismo, se hace necesaria la segunda vuelta electoral? Porque los resultados de las dos últimas elecciones fueron rechazados por la mayoría del pueblo hondureño, y la última hasta por la OEA, cuyo Secretario General exigió nuevas elecciones, alegando que estas habían sido fraudulentas. Muchas acusaciones y muchas dudas nos dejó este último proceso electoral. Seguramente, las elecciones que se practiquen en el futuro nos dejarán más, con el riesgo de que la población se sumerja en un conflicto de imprevisibles proporciones de violencia y caos.
La causa de este problema es que el PN se declaró victorioso con una mayoría que no convenció a nadie. La diferencia entre el PN y Libre fue muy poca. Tanto que no convenció a nadie de su triunfo. Pero en ambas elecciones participó un tercero con una presencia importante, al que el pueblo favoreció con una significativa cantidad de votos.
Los votos del electorado se distribuyeron, entonces, entre tres partidos, a saber: PL, PN y Libre. El PN alegó que obtuvo la mayoría para declararse victorioso. Sin embargo, en ambos procesos electorales, la cuestionada mayoría no fue calculada con relación a la población que registraba el padrón electoral. La calcularon en relación con los votos computados a favor de Libre.
¿Por qué esto es un problema? Porque la Constitución manda que el “Presidente y tres designados a la Presidencia de la República serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo por simple mayoría de votos”. Para cumplir con el mandato constitucional, los votos escrutados a favor del candidato que resulte victorioso en las elecciones deben calcularse considerando el total de los votos escrutados en las urnas destinadas para la papeleta electoral para Presidente de la República. La simple mayoría sería la mitad más uno del total de votos válidos escrutados.
De los 3,285,250 votos válidos sufragados para el cargo de Presidente, en estas últimas elecciones, el PN obtuvo 1,410,888, lo que representa el % 42.95 del total de aquellos votos válidos. Es decir, no obtuvo la simple mayoría exigida por la Constitución. Quien asumió, entonces, ostenta la investidura de Presidente contrariando la Constitución.
Podría alegarse que esto no es importante, considerando que en nuestro país acostumbramos a irrespetar impunemente, la Constitución cuando nos conviene.
Hay otro problema, sin embargo. El de la legitimidad. Esta surge de la aceptación de la población, traducida en confianza y credibilidad en la autoridad presidencial, en este caso. De lo que, obviamente, carece la investidura de Presidente del actual gobernante. Por eso lo rechaza un gran sector de la población. Piden su renuncia en todos los ámbitos, hasta, increíblemente, en los eventos académicos formales de las universidades, de modo que parece haberse incorporado en los rituales de las graduaciones.
La falta de legalidad y de legitimidad constituye una mezcla explosiva en un pueblo cansado de ser la víctima histórica de las elecciones, porque su voto no se respeta. Si la simple mayoría de los votos del pueblo hondureño determina la elección del Presidente, según la Constitución, ¿por qué se acepta otra fórmula, en flagrante contradicción con lo dispuesto en esta?
Para evitar que los próximos gobernantes se encuentren en la difícil posición del actual, es necesario buscar soluciones que ofrezcan al pueblo la seguridad de que los resultados son confiables y creíbles. La única fórmula que ofrece esta garantía es la segunda vuelta electoral, que opera de la siguiente forma: si en la primera vuelta no se obtiene la mayoría de los votos válidos afirmativos (que podría ser 45 ó 50 por ciento), se recurre a una segunda vuelta en la que participan únicamente los dos candidatos que obtengan el mayor número de votos en el primer escrutinio. Los partidos perdedores podrían participar también, si así lo desean, apoyando al candidato que estimen pertinente, según sus intereses partidarios.
En estas condiciones, los resultados serían confiables y ninguna duda provocaría en el electorado la legalidad y legitimidad de la investidura presidencial. Si seguimos con este sistema lo más seguro es que repitamos lo ocurrido en las últimas elecciones presidenciales, pero con más violencia.
