De entrada, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, calificó como un acto canalla en su contra la denuncia formulada por la directora del Consejo Nacional Anticorrupció (CNA), Gabriela Castellanos, quien se presentó ayer, a las oficinas del Ministerio Público a presentar una denuncia en contra del exmandatario y el administrador de Casa Presidencial, por el desvio de 25 millones de lempiras de fondos sociales para el Bono Diez Mil Urbano a gastos de seguridad presidencial.
“Esto es una canallada más contra mi familia porque quieren callarme y están muy equivocados si creen que me van a detener, con acciones como esta que presentan para acusarme”, dijo desde su casa de El Chimbo, donde recibió a un nutrido grupo de medios de comunicación.
El expresidente hondureño (2010-2014), afirmó que “no he cometido ningún delito, ni como ciudadano, mucho menos como presidente de la República. Mi conducta ha sido de respeto y enmarcada en los parámetros de la ley, en todo momento”.
Sobre la solicitud de 25 millones para la seguridad presidencial, sostuvo que como mandatario tuvo la responsabilidad de pedir los fondos, era un año electoral y se necesitaban más recursos. “En una nota dirigida al ministro de Finanzas se le solicitaron 25 millones de lempiras porque estaba fundamentado el gasto para la seguridad presidencial de la Guardia de Honor, pero en ningún momento el presidente ha solicitado a su ministro de Finanzas que saque fondos de un lado y los traslade a otro”.
“Así que la acusación que me hacen es totalmente infundada. Y quiero preguntar por qué para unas personas solo les interesan los actos administrativos, que a fuerza los quieren hacer penales, el período 2010-2014, qué interés hay y de quién… pues ustedes ya saben”, dijo.
“Rechazo totalmente esa acusacion de haber malversado esos 25 millones que dicen, lo rechazo”, dijo Lobo Sosa, al explicar que toda su gestión está sustentada al referirse al renglón que proponía.
“En mi condición de presidente, uno en el tema de malversación tiene que haber un beneficiario. Yo lo que hice fue pedir para ciertos fines y la autoridad financiera tiene que haber cubierto toda la parte legal de lo que es cumplir con los procedimientos establecidos para poder realizar cualquier tipo de transferencia”, detalló.
“Está bien, están ellos en su derecho de presentar la denuncia y yo en mi derecho de defenderme y lamento mucho, que como yo lo he señalado reiteradamente, las cosas sean muy selectivas y tienen dedicatoria”, señaló el expresidente Lobo.
“Si lo que pretenden es callarme están muy equivocados, seguiré adelante. Yo no he malversado fondos, yo no he abusado de mi autoridad, porque no he cometido ningún delito, ninguna acción para la cual no estaba facultado, en mi condición de presidente de la República que era”, agregó.
Admitió que efectivamente, sí se pidieron los 25 millones para la seguridad presidencial, en el 2013, era año electoral y hubo mayor demanda del servicio porque incluso se les daba seguridad a candidatos presidenciales. “La solicitud estaba fundamentada en ley, de lo contrario el ministro de Finanzas me habría llamado para decirme, mire presidente, lo que usted pide no se lo podemos dar. Y ahí habría terminado todo”, precisó.
Seguidamente, añadió que todos los fondos que fueron transferidos se ejecutaron de acuerdo a lo solicitado, pero esa supuesta denuncia que presentan, las fechas no concuerdan y eso pasa cuando se hacen trabajos dirigidos”.
Explicó que “lo que sí sé yo, es que la Casa Presidencial, mediante el Despacho de la Presidencia manejaba lo que es el Bono Diez Mil Urbano, que se operaba a través de desarrollo social, porque el bono urbano no tenía financiamiento, solo el bono rural, si ese fuera el caso del programa social”.
“Todo tiene relación con lo que es el ejercicio de la Presidencia y nada con un fin particular de lesionar los intereses del Estado, ni apropiarse de ningún dinero y para que haya abuso de autoridad tienen que haber acciones que vayan por encima de lo que uno está facultado y estoy seguro que la autoridad financiera al recibir cualquier solicitud tendría que haber analizado si era viable o no era viable”, apuntó.
En ese sentido,“me siento sinceramente contento de estar a la par de mis diferentes líderes, que tanto han luchado por el partido y que el día de hoy están siendo perseguidos por alguien a quien se llevó a la Presidencia, está pagando de esta manera el honor que se le ha dado”.
Cuestionó a las autoridades del CNA sobre sus investigaciones indicando que todas se están realizando en torno a su gobierno en el período del 2010 al 2014. “¿Por qué esa frontera?, interesante verdad, a pesar de todo lo que circula y todo lo que se le ha escuchado de otros”.
“Me llama la atención, en sí, de sobremanera, que esto va muy en línea directa con mi posición los últimos meses o las últimas semanas”, precisó.
“La lucha sigue y el Partido Nacional nos ha enseñado a nosotros que los nacionalistas jamás nos rendimos en la lucha”, afirmó.
A su juicio hay algún tipo de trasfondo político en esa acusación, “no van a lograr doblegar mi voluntad y matarme ese espiritu que tengo de luchar por mi gente, por tanta injusticia que estan cometiendo contra ellos”.
Pidió además que se investigue otros períodos presidenciales y no solo el 2010-2014, el cual ejerció él. (XM)
POR DESVÍO DE FONDOS…
CNA formaliza denuncia contra expresidente
Una nueva línea de investigación en contra del expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, y el exadministrador de Casa Presidencial, Wilfredo Cerrato Durón, fue presentada ayer, ante el Ministerio Público (MP), por el presunto desvio de 25 millones de lempiras para financiar la seguridad presidencial, como lo adelantó diario LA TRIBUNA en su publicación de ayer.
La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, presentó la denuncia y seguidamente, una conferencia de prensa en las instalaciones del Ministerio Público (MP), en Comayagüela, junto a Odir Fernández, responsable de la unidad de investigaciones, de donde se originan las acusaciones contra el exmandatario.
“Este día, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se personó a las oficinas de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público (MP), con el objeto de presentar formal denuncia.
Así como lo adelantó LA TRIBUNA, la organización denunciante precisó que “los señalados son los presuntos responsables de haber malversado más de 25 millones de lempiras, ya que dichos fondos estaban destinados para la ejecución de programas sociales y se utilizaron supuestamente para apoyar la seguridad presidencial”.