Capitis diminutio

Por: Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

Leyendo el acertado twitter de un colega sobre lo que debería suceder con todos aquellos políticos o funcionarios que se prestan a la rampante corrupción e impunidad en el país, en especial, en las dos últimas administraciones donde la figura central de las mismas ha sido Juan Hernández, quise profundizar un poco en el tema por la importancia del mismo y por la veracidad del comentario de mi estimado colega.

En el derecho romano la Capitis Diminutio era una institución en virtud de la cual una persona sufría una disminución de su estado o capacidad, literalmente significada disminución de cabeza o estado del derecho. El estado de un ciudadano romano consistía en la capacidad de derecho necesaria para actuar en la vida jurídica; comprendía su libertad, su ciudadanía y su familia, y podía verse disminuido en ocasión de hallarse involucrado en algunas de las situaciones previstas por las leyes, de manera tal que según fuera la entidad de la situación, el ciudadano romano podía sufrir una disminución de su status libertatis (libertad), civitatis (civil) o familiae (familia) respectivamente. La capitis diminutio podía ser máxima, media y mínima según fuera el estatus que sufría la disminución.

La capitis diminutio máxima suponía la pérdida de los tres estados, de manera que el ciudadano que la sufría era en la práctica un incapaz de derecho, desprovisto de personalidad jurídica y en consecuencia se le privaba de su libertad, debiendo someterse a la autoridad de otra persona; de los derechos emergentes de su calidad de ciudadano, como el jus hororum (derecho al honor) y el jus sufragii (derecho al sufragio), de los derechos emergentes de las relaciones de familia, como la tutela, curatela, sucesión y jus connubii. El patrimonio se transfería íntegramente a su amo, puesto que también se le privaba del derecho a los actos de comercio. La capitis diminutio media importaba la pérdida de los derechos emergentes de la calidad de ciudadanos y de aquellos provenientes de las relaciones de familia, conservando el afectado la libertad. Sufrían esa condición los ciudadanos que eran condenados al destierro o bien deportados por considerarlos sujetos contrarios a los intereses del pueblo romano; los penados eran obligados a desechar la ciudadanía romana adoptando una nueva. La capitis diminutio mínima comprendía la pérdida del status de familia, es decir, los derechos emergentes de las relaciones de familia, como por ejemplo el derecho sucesorio, la tutela y la curatela. Afectaba a los sujetos de derecho que se convertían el alieni juris o viceversa, como sucedía por ejemplo con la arrogación y emancipación, respectivamente. En términos generales la capitis diminutio máxima era la pérdida completa de la personalidad civil, la media era el desmejoramiento de la condición social y jurídica de la persona con el desaparecimiento de los derechos y estados inherentes al ciudadano y la mínima cuando se cambiaba de familia.
El comentario de mi colega está encaminado a producirle a todos aquellos políticos y funcionarios del Estado que defrauden al mismo en todas sus formas, que atenten contra los intereses generales de la sociedad, una especie de capitis diminutio, que implicaría por la ficción jurídica una muerte civil de varios de sus derechos ciudadanos, entre los que estarían los derechos políticos, es decir, su capacidad de elegir y ser electos, además cabría agregar que los encontrados culpables de delitos de corrupción siempre tendrían que pagar la pena adjudicada en cada caso por el Código Penal, pero que le prohibiría además la posibilidad de volver a participar en la actividad política, parecido a la interdicción civil, solo que en el caso de los romanos esa pérdida era permanente.

Podría servir de revulsivo el tomar una medida drástica de ese tipo, solo que nos encontramos con la circunstancia que nuestro sistema judicial también está plagado de los mismos problemas que dificultarían la obtención de un juicio justo y podría utilizarse como arma política de parte interesada para afectar la viabilidad política de un oponente en un sistema cooptado, como sucede en el presente, que el Ejecutivo domina y ordena en el Legislativo y Judicial, lo cierto es, que alguna medida debemos tomar los hondureños para seguir atacando la corrupción y la impunidad en todas sus formas y encontrar formas de disminuirla y erradicarla de nuestro sistema político, lo cierto también, es que la primera cosa que debemos atacar es la falta de cultura general y cultura política de nuestros ciudadanos para que aprendan a elegir y no solo a escoger a quienes nos gobiernan, todo mejoramiento de nuestro sistema comienza por esa capacidad del ciudadano de seleccionar realmente a los mejores hombres y mujeres para los cargos políticos del país.

(*) Catedrático universitario