Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario
Guapinol es una fruta, de sabor muy peculiar, que saboreamos a menudo en nuestra infancia y juventud los que llegamos a la tercera edad, porque el árbol del que es fruto se encontraba en grandes cantidades en los campos de nuestra Honduras profunda. Hoy, en cambio, es difícil encontrarla, quizá porque los vectores de polinización ya no son tan efectivos como antes, en particular las abejas, que están en peligro de extinción por, entre otras causas, los insecticidas o pesticidas aplicados en la agricultura para eliminar los insectos que dañan los cultivos.
Este fruto, allí donde abundaba, daba su nombre, igual que otros frutos, a los ríos y comunidades. A esa costumbre, seguramente, debe su nombre el río Guapinol, del que toma el suyo la aldea del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, cuyos habitantes han pasado a ser noticia por denunciar la contaminación de su río, que ancestralmente ha sido su fuente de agua, responsabilizando a una empresa concesionaria que explota una mina para extraer óxido de hierro y otros materiales metálicos en esa zona; concesión, cuya legalidad algunos expertos cuestionan.
Es tan grave su contaminación, según alegan los pobladores, que sus aguas, que presentan un color oscuro, ya no pueden beberse ni aprovecharse para el aseo personal o lavar ropa. Por lo que los vecinos han decidido exigir de la autoridad, que tome cartas en el asunto. Pero esta, en lugar de intervenir por medio de sus expertos para verificar si las actividades mineras están causando daños al río, responde reprimiendo la protesta y persiguiendo a sus líderes, quienes hoy están procesados y recluidos en prisión preventiva.
La concesión de explotaciones mineras ha sido la principal actividad estatal en la explotación de nuestros recursos, porque somos un país con un subsuelo rico en minerales, cuya extracción fue la principal actividad de la Corona Española en la colonia. Los que se dedicaron a estos menesteres formaron poblaciones importantes alrededor de estas explotaciones, como es el caso de Tegucigalpa y El Corpus, para citar algunas. De estas, el subsuelo de El Corpus, todavía hoy, es objeto de explotación, por cierto, en condiciones inhumanas, lo que provocó la muerte de 11 mineros en 2014.
Las concesiones han sido, a menudo, la causa de acontecimientos históricos en nuestro país. Las compañías transnacionales que operaron en la primera mitad del siglo pasado, decidieron la suerte de Honduras durante ese período, imponiendo gobernantes complacientes, que otorgaran concesiones y garantizaran las otorgadas. Sus intereses eran tan importantes que hasta el mismo gobierno de Estados Unidos no titubeó en intervenir con sus marines, quienes desfilaron por la ciudad de Tegucigalpa, para advertir a los políticos hondureños que el poder no lo detentaban ellos, sino las concesionarias que operaban en el norte, explotando el cultivo del banano; empresas cuyas prácticas despóticas para con sus empleados provocaron, décadas después, el más importante alzamiento de los trabajadores en Centroamérica, la huelga de 1954, que cambió el país para siempre.
Las concesiones otorgadas por COALIANZA, cuya muerte ha sido anunciada y celebrada por los empresarios, cambiaron la regulación que históricamente normaba esas actividades, derogando la Ley de Concesiones para dar paso a una regulación sin recaudos especiales ni protección para los intereses públicos. Por eso, esas concesiones han sido un desastre, especialmente el famoso peaje, que tantos problemas ha causado, entre los que se destaca la falta de seguridad, puesto que, en los tramos que la concesionaria opera, es común que las rastras sean asaltadas por bandas criminales y también los accidentes provocados por animales que por allí deambulan. Situación que cambiará hasta que se animen los afectados a exigir indemnizaciones en los tribunales de la República.
Guapinol es un ejemplo de lucha auténtica de los pueblos por preservar su medio ambiente, como lo han sido otras comunidades del país, víctimas de la explotación de sus bosques, de sus ríos y demás recursos naturales de los que históricamente se sirven.
La autoridad está obligada a escuchar sus reclamos, analizando los efectos de esa explotación en el río y demás recursos del área. Y de verificarse la contaminación, proceder a la suspensión inmediata de la explotación a efecto de proceder a su revocación por no implementar las medidas de mitigación a las que está obligada la concesionaria.
Esa es la respuesta del Estado de Derecho. Pero el nuestro demuestra no serlo cuando, en lugar de verificar la denuncia, procede en contra de los denunciantes, reprimiéndolos y permitiendo que abusen de ellos, incluso asesinándolos.