Unos 40 expedientes administrativos serán enviados al Ministerio Público (MP), por parte de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), luego que concluyera el proceso de investigación de siete casos emblemáticos de irregularidades cometidas por miembros de la carrera policial.
La decisión se tomó en reunión con los miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras.
Mediante un comunicado, la Didadpol destacó que ha concluido los procesos de investigación de siete casos sensitivos a nivel nacional, que implican a miembros de la carrera policial, donde resaltaron importantes puntos de conductas irregulares.
Según el informe, existió una red de influencias de licencias en varios departamentos del país, junto al uso de jerarquía y grado para realizar acoso sexual a oficiales subalternas.
Otros puntos señalan la extorsión y el chantaje para permitir la comisión de ilícitos y una marcada negligencia y desinterés en el desempeño de la función policial.
En algunos casos, los oficiales, según el informe, realizaron labores ingeridos de alcohol, irrrespetando principios básicos.
Como si fuera poco, también perdieron indumentaria policial y afectaron severamente varios objetos del equipo policial.
Por las situaciones anteriores, se implementan investigaciones que también apuntan a una red de médicos que extienden incapacidades ilegales a miembros de la carrera policial.
Según el informe, se han fijado las audiencias de descargo para miembros de la Policía involucrados en los casos en mención, y antes de finalizar el mes de marzo la Didadpol hará las recomendaciones a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, solicitando la aplicación cuando corresponda de la sanción respectiva de acuerdo a la ley.
Entre la información relevante sobresale que se han identificado aproximadamente 40 expedientes de investigaciones administrativas, que requieren la valoración directa del MP, por medio de la Unidad Fiscal de Depuración Policial (UF-DAPOL), a fin de ejercer la acción penal pública de manera independiente.